Gálvez rechaza diálogo con Argollo y Condori y les cita ante la justicia
El vocero presidencial descartó negociar con el dirigente de la COB y el senador suplente tras los daños causados por movilizaciones. El Gobierno, en cambio, mantiene reuniones con otros sectores para resolver conflictos y atender demandas. El 18 de mayo de 2026, José Luis Gálvez afirmó que ambos tienen una cita con la justicia.
Gobierno convoca a reuniones pero no a «extremistas»
El vocero presidencial, José Luis Gálvez, rechazó convocar a diálogo tanto a Mario Argollo, dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB), como al senador suplente Nilton Condori. Gálvez afirmó que ambos rompieron la ley y que tienen una cita con la justicia por los daños causados al convocar a movilizaciones.
El Gobierno, mientras tanto, convoca a reuniones a distintos sectores sociales para hallar soluciones a los conflictos. Según Gálvez, el presidente y los ministros trabajan jornadas de hasta 20 horas, con negociaciones que llegan a durar 14 horas, logrando soluciones a pedidos legítimos. No obstante, advirtió que el pedido de extremistas, como la renuncia del presidente del Estado, no tiene cabida para entablar conversaciones.
Actores implicados y repercusión judicial
Gálvez identificó a Mario Argollo y Nilton Condori como responsables de haber roto la ley. El vocero exigió que ambas personas investigadas se presenten ante las autoridades judiciales para rendir cuentas por sus actos. La repercusión inmediata es que el Gobierno descarta cualquier negociación con ellos, limitando el diálogo a quienes cumplen la ley.
Antecedentes: movilizaciones y daños
El texto situacional indica que Argollo y Condori convocaron a movilizaciones que causaron daños. La postura gubernamental, expresada por Gálvez, califica esas acciones de ilegales y exige que los responsables rindan cuentas al pueblo boliviano.
Cierre: implicaciones del rechazo al diálogo
La negativa del Gobierno a dialogar con Argollo y Condori implica que solo se negociará con sectores que presenten demandas legítimas, excluyendo a quienes pidan la renuncia del presidente. Esta posición refuerza la vía judicial como la única solución para los implicados, mientras el Ejecutivo continúa con otras negociaciones.
