Marchistas apedrean la COR de El Alto por acuerdos con el Gobierno
Un grupo de manifestantes apedreó e intentó saquear la sede de la COR de El Alto este lunes, 18 de mayo de 2026, en rechazo a los acuerdos alcanzados por el dirigente Marcelo Gayta con el Gobierno de Rodrigo Paz el pasado fin de semana.
Ataque con piedras y palos a la sede sindical
Los manifestantes llegaron hasta la sede de la Central Obrera Regional de El Alto, ubicada en la avenida 6 de Marzo. Con palos y piedras, atacaron el inmueble y destruyeron varios vidrios del ingreso principal. Los fragmentos quedaron esparcidos en los alrededores. Según reportes, los movilizados intentaron ingresar por la fuerza, pero las puertas permanecieron cerradas.
Efectivos y grupos de resguardo contuvieron a los manifestantes
Efectivos y grupos de resguardo acordonaron la sede para evitar el ingreso de más manifestantes y contener posibles enfrentamientos. El edificio no cuenta con cámaras de seguridad, por lo que los daños materiales deberán ser evaluados posteriormente. Las afectaciones son visibles en ventanas y puertas del ingreso principal.
Los acuerdos que provocaron la protesta
El sábado 16 de mayo, en medio de tensiones y protestas violentas en el departamento paceño, el Gobierno de Rodrigo Paz firmó un acuerdo con dirigentes de la COR de El Alto. El dirigente que representó a la COR fue Marcelo Gayta. Los manifestantes acusan a Gayta de haber acordado sin consultas previas.
Contexto de las protestas nacionales
El hecho ocurre en medio de las tensiones sociales y protestas registradas en distintos puntos del país, donde sectores movilizados mantienen medidas de presión y bloqueos. La reunión entre el Gobierno y la COR tuvo lugar en la Casa Grande del Pueblo mientras sectores, vecinos y campesinos se enfrentaban a las fuerzas policiales.
Implicaciones del ataque a la COR
El ataque a la sede sindical refleja la división interna en la COR de El Alto tras el acuerdo con el Gobierno. La falta de consulta previa a las bases ha generado un rechazo violento que obligó a acordonar la sede y evaluar los daños materiales sin registro de cámaras de seguridad.
