Expertos ven oportunidad económica en el antimonio, pero advierten riesgos legales y ambientales

La creciente demanda de antimonio genera oportunidades en Potosí, donde hay 310.000 toneladas de reservas. Una alianza entre Alchemy SRL y United States Antimony Corporation planea una planta, aunque persisten dudas legales y ambientales.
Agencia de Noticias Fides - Bolivia
Antimonio. Foto: geologyscience
Antimonio. Foto: geologyscience / geologyscience / ANF

El antimonio abre expectativas económicas en Bolivia

La creciente demanda de antimonio ha generado una oportunidad económica para el país, especialmente en Potosí, donde se concentran reservas estimadas en 310.000 toneladas, según informó ANF este 18 de mayo de 2026.

Alianza estratégica para una nueva planta en Potosí

La empresa boliviana Alchemy SRL y la estadounidense United States Antimony Corporation consolidaron una alianza para desarrollar una planta hidrometalúrgica en Aguadulce, Potosí. El acuerdo contempla financiamiento, transferencia tecnológica y asistencia técnica para refinar minerales críticos. El viceministro de Política Minera, Danilo Velasco, calificó el proyecto como un “hito” para la industrialización minera boliviana.

Ventaja geopolítica del antimonio boliviano

El expresidente de Comibol, Héctor Córdova, explicó que Estados Unidos depende de importaciones para cubrir su demanda de antimonio. Señaló que, aunque el precio cayó de 50.000 a 27.000 dólares por tonelada, sigue siendo rentable. Añadió que la carga tributaria total alcanza casi el 50% al incluir impuestos y remesas de utilidades.

Desafíos legales y contradicciones normativas

Córdova observó una contradicción entre la Constitución Política del Estado y la Ley Minera, ya que esta última permite a operadores privados actuar como propietarios del mineral. Propuso un modelo similar al de hidrocarburos, con mayor control estatal, pero sin desalentar la inversión privada. También consideró estratégico recuperar la planta estatal de Vinto Antimonio, revertida al Estado en 2010 tras ser abandonada por Glencore.

Dudas sobre transparencia y legalidad del proyecto

El investigador del CEDLA, Alfredo Zaconeta, advirtió que el proyecto deja dudas sobre su legalidad. Sostuvo que cualquier contrato de tratamiento de materias primas nacionales debería pasar por la Asamblea Legislativa Plurinacional. Cuestionó el rol de las autoridades, que con visitas oficiales podrían interpretarse como respaldo estatal a un negocio privado.

Infraestructura estatal paralizada frente a nuevos proyectos

Zaconeta recordó que la fundición estatal Vinto Antimonio permanece paralizada. Reactivarla permitiría que el valor agregado beneficie al Estado. Señaló que la ley minera obliga a cooperativas a ofrecer minerales a fundiciones estatales, por lo que fortalecer proyectos privados podría eludir la normativa vigente.

Requisitos ambientales y técnicos pendientes

Zaconeta subrayó que la instalación de una planta metalúrgica requiere consultas públicas, estudios de factibilidad y licencias ambientales conforme a la Ley 1333 de Medio Ambiente. Advirtió que la industrialización minera no puede desarrollarse solo por la presión de los altos precios internacionales, sino que debe garantizar controles ambientales rigurosos y fiscalización estatal.

Antecedentes normativos y modelo de control estatal

La Constitución Política del Estado y la Ley Minera presentan contradicciones sobre la propiedad del mineral extraído. Héctor Córdova propuso un modelo de control estatal similar al de hidrocarburos, pero con cautela para no desalentar la inversión privada. La planta de Vinto Antimonio fue revertida al Estado en 2010 tras el abandono de Glencore y permanece prácticamente inutilizada.

Implicaciones para la economía de Potosí y el control estatal

La oportunidad económica del antimonio para Potosí enfrenta incertidumbres legales y ambientales. La falta de transparencia en la alianza Alchemy-USAC y la parálisis de la fundición estatal plantean interrogantes sobre los beneficios reales para el país. El cumplimiento de la normativa ambiental y la fiscalización estatal serán claves para el desarrollo del proyecto.

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