El Fondo Indígena investiga 3.177 proyectos por un daño de 3.197 millones de bolivianos

El Viceministerio de Transparencia unifica en un solo proceso las irregularidades del Fondo Indígena. 3.177 proyectos, financiados con el 5% del IDH, son investigados por un daño económico de 3.197 millones de bolivianos, implicando al expresidente Luis Arce y tres exministras.
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El Fondo Indígena investiga 3.177 proyectos por 3.197 millones de bolivianos

El daño económico asciende a Bs 3.197 millones en la investigación más compleja contra un expresidente y tres exministras por el desfalco al Fondo Indígena. El Viceministerio de Transparencia reunió en un solo proceso las irregularidades detectadas en el manejo de recursos del IDH.

Implicados en la investigación

El viceministro de Transparencia, Yamil García, informó que se presentó una demanda contra Luis Arce (expresidente) y las exministras Antonia Rodríguez Medrano, Viviana Caro Hinojosa y Nemesia Achacollo Tola. Todos formaron parte del directorio del Fondo Indígena y serán investigados por incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.

Proyectos y desembolsos irregulares

Los 3.177 proyectos fueron aprobados entre 2009 y 2014. Los recursos provenían del 5% del IDH. El 70% de los proyectos incumplió la finalidad del financiamiento y fueron mal ejecutados, incluso beneficiando a comunidades inexistentes. Se permitió la transferencia de dinero del Estado a cuentas particulares.

Antecedentes: auditoría inicial y casos previos

El fiscal Johan Muñoz detalló que la investigación comenzó tras el caso de los tomates, por el que Arce ya está detenido en el penal de San Pedro desde diciembre de 2025. Un informe de la Contraloría de 2015 detectó un daño económico de Bs 71 millones por 153 proyectos no ejecutados.

Repercusión y defensa

El abogado de Arce, Fernando Rivadeneira, calificó la denuncia como acto ilegal y persecución política. Aseguró que su cliente no asistió a reuniones del directorio y que fue procesado dos veces por un mismo hecho. El fiscal Muñoz advirtió que, de hallarse irregularidades en todos los proyectos, el proceso podría ampliarse a 3.177 grupos de personas.

Foto-Ilustración: Personal de WIRED; Getty Images

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