Diputados retoma proyecto para abrogar Ley 1720
La Comisión de Región Amazónica reenvía al pleno de Diputados el proyecto para abrogar la Ley 1720 tras corregir observaciones. La iniciativa requiere el respaldo de dos tercios de los legisladores para su aprobación.
Comisión corrige observaciones y reenvía el proyecto
La Comisión de Región Amazónica, Tierra, Territorio, Agua, Recursos Naturales y Medio Ambiente volvió a enviar al pleno de la Cámara de Diputados el proyecto de ley que busca la abrogación de la Ley 1720, luego de corregir las observaciones detectadas en la sesión legislativa del pasado jueves. La presidenta de esa instancia, la diputada Helen Patricia Patiño (PDC), informó que el documento ya fue ajustado y está listo para retomar su tratamiento en el hemiciclo. Patiño recordó que la aprobación requiere el respaldo de dos tercios de los legisladores y aclaró que las observaciones surgieron a partir de una confusión durante el proceso.
Pausa previa por presuntas irregularidades
El proyecto había quedado en pausa después de que el pleno decidiera devolverlo a comisión para revisar presuntas irregularidades tanto en el informe como en el procedimiento legislativo aplicado en su primera aprobación. La diputada Patiño manifestó su expectativa de avanzar en el debate y afirmó que la propuesta mantiene el mismo espíritu con el que fue planteada inicialmente.
Antecedentes: proyecto devuelto a comisión por el pleno
El pleno de la Cámara de Diputados devolvió el proyecto de abrogación de la Ley 1720 a la Comisión de Región Amazónica para revisar presuntas irregularidades en el informe y el procedimiento legislativo. La presidenta de la comisión, Helen Patricia Patiño, indicó que las observaciones se debieron a una confusión.
Implicaciones: se requieren dos tercios y concertación
La aprobación definitiva del proyecto de abrogación de la Ley 1720 exige el apoyo de dos tercios de los diputados. Patiño subrayó la necesidad de generar espacios de concertación con los productores y otros actores involucrados para ofrecer seguridad jurídica y responder a las demandas de los sectores movilizados.
