El Congreso tumba la prórroga del alquiler y deja en el aire a millones de inquilinos

El Congreso de los Diputados ha rechazado este martes el decreto ley que contemplaba la prórroga extraordinaria de los contratos de alquiler. La decisión deja en el aire a millones de inquilinos en plena crisis de vivienda.

La derecha bloquea la medida

La medida planteaba ampliar hasta dos años los contratos que vencieran entre marzo de 2026 y finales de 2027, además de limitar al 2% la subida anual de las rentas. El voto en contra del PP, Vox y Junts, así como la abstención del PNV, impidieron que el texto saliera adelante. El decreto formaba parte de un paquete para contener el encarecimiento de la vivienda. Al no ser ratificado, queda derogado y obliga al Gobierno a replantear su estrategia.

Reacción de los inquilinos

La Confederación de Sindicatos de Inquilinas ha criticado la decisión. Considera que la prórroga, aunque insuficiente, podía haber evitado la expulsión de hasta un millón de familias hasta finales de 2027. La organización acusa a PP, Vox, Junts y al PNV de priorizar los intereses de los propietarios. Advierte de que empresas inmobiliarias podrían cuestionar la validez de las prórrogas ya solicitadas, que siguen siendo legales si se pidieron entre el 22 de marzo y el 28 de abril. El sindicato anuncia nuevas movilizaciones.

Contexto de la votación

El Gobierno no logró reunir los apoyos necesarios para la convalidación del decreto ley. El resultado de la votación pone de manifiesto la falta de consenso político para afrontar la crisis del alquiler. Mientras el Ejecutivo defendía la prórroga como protección para los inquilinos, sus detractores advertían de posibles efectos negativos sobre la oferta de vivienda.

Implicaciones inmediatas del rechazo

La prórroga extraordinaria deja de aplicarse de forma inmediata. Los contratos que finalicen a partir de ahora ya no podrán acogerse a la extensión automática ni al límite del 2% en las subidas. La negociación vuelve a las condiciones habituales del mercado, permitiendo a los propietarios decidir si renuevan los contratos, incluso con posibles incrementos de precio.