Protección animal en Bolivia enfrenta trabas legales y falta de voluntad política
La reforma de la Ley 700 es urgente, pero insuficiente sin voluntad política para aplicarla, según advirtió Susana del Carpio, representante de ANIMALES SOS. La activista señaló que la norma actual carece de operatividad en emergencias y que los gobiernos municipales no están obligados a intervenir en rescates.
Limitaciones estructurales de la ley vigente
Uno de los principales problemas es la falta de una reglamentación clara que permita a la Policía o a funcionarios ingresar a un domicilio cuando la vida de un animal está en riesgo inminente. Casos de animales encadenados o sometidos a violencia suelen quedar sin intervención inmediata. Del Carpio planteó incorporar mecanismos similares a los de la Ley 348, que permite acciones rápidas ante riesgos de feminicidio.
Propuesta de reforma legislativa
El diputado Manolo Rojas propone modificar la Ley 700 para endurecer sanciones por maltrato y biocidio, incorporar cárcel efectiva e implementar la carnetización de mascotas. La iniciativa también impulsa campañas de esterilización para controlar la sobrepoblación y reducir riesgos sanitarios.
Falta de obligatoriedad para los municipios
Actualmente, muchas alcaldías se niegan a intervenir en rescates de animales heridos o víctimas de faenado clandestino. “La ley debe obligar a los municipios a actuar, no dejarlo a su discreción”, afirmó Del Carpio. Este punto es crítico para la efectividad de cualquier normativa.
Antecedentes: Un marco legal con restricciones constitucionales
El principal freno es de carácter constitucional. Según el artículo 302 de la Constitución, la protección animal es competencia exclusiva de los gobiernos municipales. Esto impide que una ley nacional sea más amplia sin correr el riesgo de ser anulada por invadir competencias locales. Como resultado, la Ley 700 se reduce principalmente a la tipificación de delitos en el Código Penal.
Cierre: Implicaciones y camino a seguir
La solución, según Del Carpio, pasa por fortalecer las leyes municipales, que —aunque más completas— no se aplican de manera efectiva. Pese a sus limitaciones, reconoció que la Ley 700 ha tenido un impacto importante al visibilizar el maltrato animal en el país.
