Gobierno de Bolivia denuncia daño de $us 14.942 millones en empresas públicas

El Gobierno denuncia un perjuicio de 14.942 millones de dólares en 67 empresas públicas creadas entre 2006 y 2024. El ministro Lupo atribuye las pérdidas al proceso de industrialización y anuncia una auditoría integral.
Correo del Sur
El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo.
El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo. / Captura de video / Diario Correo del Sur

Gobierno denuncia daño de 14.942 millones de dólares en empresas públicas

El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, expuso un daño económico de 103.993 millones de bolivianos. La administración de Rodrigo Paz lo atribuye al proceso de industrialización durante los gobiernos del MAS. El cálculo abarca el periodo entre 2006 y 2024.

El desglose de una denuncia millonaria

Según la exposición de Lupo, se crearon 67 empresas con una inversión de 53.945 millones de bolivianos. De ese monto, solo se recuperó el 18% en 19 años. El ministro detalló que 14 empresas inviables fundieron 2.205 millones de dólares.

Origen de los fondos y destino alternativo

El dinero para las empresas públicas salió de las Reservas Internacionales y de créditos externos. Lupo afirmó que parte de esos créditos aún se deben honrar. Señaló que los recursos se pudo haber invertido en hospitales, escuelas y exploración de hidrocarburos.

Auditoría y calificación del proceso

El Gobierno anunció una auditoría integral, tanto financiera como técnica, a estas empresas. Lupo calificó el proceso como “mal llamado industrialización” y argumentó que “gran parte de estas empresas nacieron inviables”. Añadió que “no fueron un fracaso técnico, fueron un instrumento de saqueo”.

Las cifras de una década y media de gestión

El antecedente central es la inversión estatal en 67 empresas entre 2006 y 2024. El Ministerio de la Presidencia presenta estos datos como la base para su denuncia de un daño económico cuantificado en dólares y bolivianos.

Implicaciones de la denuncia

La acusación implica una revisión de la política industrial de casi dos décadas. El Gobierno actual plantea que el manejo anterior generó un perjuicio fiscal que, según su visión, afecta la situación económica presente.

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