Juez federal bloquea deportaciones de Trump a El Salvador bajo ley de 1798
Un tribunal de Nueva York anula el uso de la Ley de Extranjeros Enemigos para expulsar venezolanos. El juez Hellerstein calificó de «ilegal» el envío de más de 200 detenidos a una cárcel salvadoreña denunciada por abusos. Es el tercer fallo judicial contra esta medida en un mes.
«Destino notoriamente cruel»: el fallo que desmonta la estrategia
El juez Alvin Hellerstein, del Distrito Sur de Nueva York, prohibió nuevas deportaciones bajo la Ley de Extranjeros Enemigos (AEA) en su jurisdicción. Criticó que los deportados fueran enviados a «una cárcel salvadoreña infame por violaciones a los derechos humanos», sin acceso a abogados o familiares. La AEA solo puede usarse durante guerras o invasiones, según el fallo de 22 páginas.
Cadena de rechazos judiciales
Hellerstein es el tercer juez en un mes en tumbar el argumento de Trump. Un magistrado de Texas (nombrado por el propio Trump) y otro en Colorado ya habían dictaminado que la aplicación de la ley era «improcedente». Incluso el Tribunal Supremo frenó en abril deportaciones express sin derecho a apelación.
Cuando una ley colonial choca con la realidad
La AEA, creada en 1798, solo se había usado tres veces antes (en 1812, Primera y Segunda Guerra Mundial). El juez destacó que «migrantes venezolanos o presuntos pandilleros no constituyen una invasión». La Casa Blanca insistía en aplicarla contra el Tren de Aragua, pero el narcotráfico no justifica su uso, según el fallo.
Procedimientos «de ficción»
Hellerstein criticó que las notificaciones de deportación se hicieran solo en inglés y con 24 horas para apelar. Ordenó que el gobierno presente demandas formales en cortes federales, detallando los motivos y dando tiempo real para defensa. Además, mencionó dos casos donde se obligó a repatriar a deportados ilegalmente.
Una ley en el siglo equivocado
La AEA fue diseñada para conflictos bélicos con naciones reconocidas, no para flujos migratorios. Su resurgimiento bajo Trump contrasta con su casi nulo uso en 200 años. Los jueces coinciden: no hay «invasión» que justifique saltarse el debido proceso.
Justicia frena, pero no revierte
Los fallos impiden nuevas deportaciones bajo esta ley, pero no reparan a los ya enviados a El Salvador. El gobierno sigue obligado a repatriar a casos específicos, aunque la batalla legal continúa en medio de tensiones migratorias.
