Juez ordena a EE.UU. gestionar retorno de venezolano deportado ilegalmente a El Salvador
Un tribunal federal reafirmó la obligación del Gobierno de Trump de repatriar a Daniel Lozano-Camargo. El joven de 20 años fue expulsado en marzo violando un acuerdo legal que protegía su proceso de asilo. Permanece recluido en la prisión de máxima seguridad CECOT.
«El problema no es el asilo, es el debido proceso»
La jueza Stephanie Gallagher, designada por Trump, rechazó este martes un intento del Departamento de Justicia para anular su orden previa. «No podemos saltarnos el procedimiento», declaró, al desestimar un dictamen preliminar que negaba el asilo al venezolano por supuestos vínculos con pandillas. Subrayó que la decisión se basa en garantizar los derechos procesales, no en el resultado final de su caso.
Detalles del caso
Lozano-Camargo cruzó a EE.UU. desde México como menor no acompañado en 2022. Fue deportado en marzo de 2025 bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, pese a estar amparado por un acuerdo judicial de 2024 que prohibía expulsiones hasta resolver su solicitud de asilo. El Gobierno argumentó que el pacto no aplicaba a deportaciones por seguridad nacional, pero la jueza lo consideró «irrelevante».
Repercusión y próximos pasos
Gallagher dio 48 horas al Gobierno para apelar. De no hacerlo, exigirá actualizaciones periódicas sobre los esfuerzos para repatriar al joven, quien lleva dos meses en CECOT. Es el segundo caso similar: en marzo, otro juez ordenó el retorno de un salvadoreño deportado pese a riesgos de violencia en su país.
Un acuerdo en la mira
El caso surge del acuerdo de 2024 entre el Gobierno de Biden y defensores de migrantes para garantizar derechos a menores no acompañados. El pacto prohibía deportaciones previas a la resolución de sus asilos, pero la administración Trump lo incumplió al aplicar figuras excepcionales como la Ley de Enemigos Extranjeros.
Esperando acciones concretas
La jueza insistió en la «urgencia» de resolver la situación de Lozano-Camargo, aunque evitó extender la orden a otros posibles afectados. Queda pendiente ver si el Gobierno cumple o recurre, en un contexto de tensiones legales recurrentes sobre deportaciones durante el mandato de Trump.