Fencomin rechaza penalizar uso de dinamita en protestas y envía nota al Senado
La Federación de Cooperativas Mineras de Bolivia (FENCOMIN) cuestionó la propuesta para penalizar el uso de dinamita en las protestas sociales. Envió una nota al Senado para justificar la utilización de explosivos en medidas de presión. Esto ocurre después de que el presidente Rodrigo Paz advirtiera con cárcel para quienes usen dinamita en manifestaciones.
Rechazo a la iniciativa presidencial
El dirigente de FENCOMIN, Caricari, lamentó los «mensajes de provocación» de querer penalizar el uso de material explosivo. Argumentó que históricamente, después de eventos como la masacre de San Juan en los años 60, el minero y el campesino han usado estas protestas como defensa. La federación repudia proyectos que, a su juicio, atentan contra la soberanía del país.
Advertencia del Gobierno
El presidente Rodrigo Paz afirmó que aquellos que usen dinamita y dañen a otro boliviano «se irán a la cárcel». Aseguró que es la última vez que permitirá que eso pase, enfatizando la protección a la vida de la gente. Su declaración busca disuadir el empleo de explosivos en bloqueos y manifestaciones.
Acciones de la federación minera
FENCOMIN no solo envió una nota al Senado, sino que la presentará a todas las instancias que correspondan. El objetivo es explicar la historia de las protestas en Bolivia. Caricari alertó que una norma penalizadora podría usarse para «perseguir» a dirigentes sociales.
Antecedentes de la protesta con explosivos
Los dirigentes de FENCOMIN justifican el uso de dinamita como un legado histórico de defensa. Mencionan su uso después de la masacre de San Juan en los años 60 y durante la Revolución del 52, identificando al minero y al campesino como actores centrales en estas formas de presión.
Implicaciones del conflicto
El desacuerdo entre el Gobierno y las cooperativas mineras pone en evidencia tensiones sobre los métodos de protesta social. Mientras el Ejecutivo prioriza la seguridad ciudadana, FENCOMIN defiende una práctica que considera parte de la reivindicación histórica. El debate se traslada ahora al ámbito legislativo.
