TSE y Órgano Judicial firman acuerdo para blindar elecciones subnacionales de 2026

Las principales instituciones judiciales y electorales de Bolivia suscribieron un acuerdo interinstitucional este jueves en Sucre. El objetivo es dar certidumbre y blindar el desarrollo de las elecciones subnacionales del 22 de marzo de 2026, en un contexto de judicialización de la política.

Compromiso para evitar bloqueos judiciales

El presidente del TSE, Gustavo Ávila, presentó el documento de 11 puntos. Remarcó que el objetivo central es impedir que acciones judiciales, recursos constitucionales o disputas políticas paralicen o distorsionen el proceso electoral. El acuerdo fue firmado por el TSE, el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Agroambiental, el Consejo de la Magistratura y el Ministerio Público.

Defensa del principio de preclusión

Uno de los ejes centrales es la defensa del principio de preclusión. Ávila enfatizó que este principio actúa como un candado institucional frente a intentos de revertir etapas ya concluidas. «Sin preclusión no existen reglas claras y sin reglas claras no hay igualdad ni confianza en el proceso electoral», declaró.

Responsabilidades del Órgano Judicial

El Consejo de la Magistratura se comprometió a fiscalizar la actuación de jueces que ejerzan como jueces de garantías constitucionales. El texto advierte que podrán activarse acciones disciplinarias contra quienes excedan sus competencias o interfieran indebidamente en el proceso.

Antecedentes de coordinación electoral

El acuerdo se firmó en el marco de la Reunión Interinstitucional de Coordinación Electoral de las Elecciones Subnacionales 2026. La vicepresidenta del TSE, Ximena Camacho, destacó que el encuentro apunta a fortalecer la coordinación y cooperación entre los órganos constitucionales del Estado.

Cierre para garantizar el proceso

La señal política del acuerdo es cerrar filas para evitar que la vía judicial se convierta en un mecanismo de bloqueo. El compromiso busca garantizar que el proceso electoral subnacional avance hasta su conclusión, preservando el Estado de derecho y la seguridad jurídica.