Me permito iniciar este artículo con una breve explicación sobre la subvención a los hidrocarburos. Esta consistía en una política estatal mediante la cual se congelaron los precios de los combustibles para el consumidor, independientemente de los costos internacionales.
Desde entonces, el Estado asumió la diferencia entre el precio interno y el precio real de importación o producción, manteniendo precios «artificialmente» bajos para combustibles como gasolina y diésel. El objetivo era beneficiar al consumidor y mitigar el impacto de los costos internacionales.
Durante más de una década, Bolivia mantuvo precios bajos y estables, lo que facilitó el consumo interno. Sin embargo, esto también derivó en un crecimiento desmedido del subsidio fiscal, que pasó de aproximadamente 200 millones de dólares en 2008 a casi 2.000 millones de dólares en 2024, según el Gobierno.[1]
Con el tiempo, esta política generó varios efectos negativos:
- Un gasto fiscal muy elevado, que llegó a costar miles de millones de dólares anuales al Estado.
- El favorecimiento del contrabando de combustibles hacia países vecinos debido a la diferencia de precios.
En los últimos años, esta medida empezó a enfrentar debates sobre su sostenibilidad. Analistas y economistas advertían que la subvención era insostenible y dañina para la economía nacional.
Decreto Supremo 5503
El 17 de diciembre de 2025, el Gobierno del presidente Rodrigo Paz promulgó el Decreto Supremo N.º 5503, que incorpora un conjunto de medidas económicas. Entre ellas se encuentran varias que impactan directamente al sector de los hidrocarburos.
El decreto elimina la subvención a los hidrocarburos, lo que implica un aumento significativo en los precios de la gasolina y el diésel en Bolivia, acercándolos a los costos reales del mercado internacional.[2]
Los combustibles tienen ahora valores oficiales más altos. Por ejemplo:
| Combustible | Precio anterior | Precio actual |
|---|---|---|
| Gasolina Especial | Bs 3,79/litro | Bs 6,96/litro |
| Diésel | Bs 3,74/litro | Bs 9,80/litro |
Estos nuevos precios entraron en vigencia inmediatamente tras la publicación del decreto en la Gaceta Oficial de Bolivia.
El Decreto Supremo 5503 representa una reforma profunda en la política de hidrocarburos y en la economía del país, al eliminar la subvención tras décadas de precios artificialmente bajos.
Repercusiones
Como era de esperarse, la medida ha generado protestas y oposición de algunos sindicatos, transportistas y otros sectores, que ven en el alza de precios un golpe directo al costo de vida. La Central Obrera Boliviana (COB) ha anunciado paros indefinidos y marchas a nivel nacional en rechazo al decreto.
La mentira que creímos los bolivianos
Durante los últimos 20 años se nos hizo creer que la subvención estaba bien planificada y que el gobierno de turno podía sostener su financiamiento. En realidad, cada día se volvía más insostenible y dejaba al Estado con menos recursos, ya que representaba una de las partidas más costosas del presupuesto público.
Los gobiernos del Movimiento al Socialismo destinaron grandes sumas de dinero para mantener esta medida, que también tenía fines políticos e ideológicos.
Con el tiempo, la subvención se volvió indefendible por la carga presupuestaria que representaba. Además, favorecía el contrabando de combustibles, beneficiando a grupos delincuenciales que se enriquecían a costa de los recursos estatales. Ningún gobierno responsable podía seguir permitiendo aquello.
En los últimos años, Bolivia enfrenta una de sus peores crisis económicas, y esta medida, aunque dura, era inevitable. Ahora nos toca ajustarnos los cinturones para salir adelante. Seguramente será un camino difícil, pues generará alzas de precios, especialmente en el transporte. Ya hemos visto que las alcaldías de las ciudades capitales han ajustado las tarifas del transporte público, afectando a las familias.
Sin embargo, debemos ser conscientes de que ya no vivimos bajo la ilusión de combustibles «baratos». Hoy enfrentamos la realidad: el Estado ya no puede sostener esa medida, y los recursos ahorrados podrán destinarse a salud, educación y programas para sectores vulnerables. Lo más importante es que dejará de beneficiarse el contrabando y la corrupción asociada.
¿Cuáles son los desafíos que debe enfrentar el Gobierno?
El repentino incremento en los precios de los combustibles impacta en toda la economía: transporte público, alimentos, insumos y servicios. Analistas económicos preveían un fuerte efecto inflacionario si los subsidios se eliminaban abruptamente.
Aunque el Gobierno anunció incrementos salariales y transferencias sociales, muchos especialistas advierten que la pérdida de poder adquisitivo es un riesgo real.
El principal desafío del Gobierno será administrar la inflación y proteger el ingreso de los bolivianos, especialmente de los sectores más vulnerables, sin perder la disciplina fiscal.
Otro reto fundamental será garantizar un uso transparente y eficiente de los recursos liberados, de modo que la población perciba resultados concretos.
Eliminar el subsidio después de décadas de fuerte intervención estatal exige una narrativa política clara. Sin una estrategia de comunicación efectiva, el Gobierno corre el riesgo de perder apoyo público y enfrentar mayor polarización social.
Conclusión
El levantamiento de la subvención representa un punto de inflexión económico y político. Ofrece beneficios potenciales a largo plazo, pero también implica riesgos inmediatos y considerables:
- Tensiones sociales profundas
- Presión inflacionaria
- Retos de gobernanza y comunicación política
- La necesidad de construir un sector energético competitivo y justo
La forma en que el Gobierno enfrente estos desafíos definirá el rumbo económico y social del país en los próximos años.
Referencias
[1] ABI, 7 de agosto de 2024. Subvención a los hidrocarburos pasó de US$ 200 millones a casi US$ 2.000 millones en 15 años
