TSE fija el 5 de febrero como plazo final para sustituir candidatos inhabilitados
El 78% de los precandidatos en cinco departamentos fue inhabilitado. El Tribunal Supremo Electoral (TSE) estableció un nuevo plazo, del 12 de enero al 5 de febrero, para que los partidos reemplacen a los aspirantes que no cumplen los requisitos para las elecciones del 22 de marzo.
Un calendario ajustado para la sustitución
El presidente del TSE, Gustavo Ávila, declaró que el plazo es «prudente y razonable» e impostergable. Las candidaturas inhabilitadas no pueden corregir sus observaciones, por lo que los partidos deben sustituirlas de manera inmediata. Ávila atribuyó el alto número de inhabilitaciones a que muchas organizaciones solo presentaron una fotocopia de carnet, buscando la sustitución posterior.
El impacto de las inhabilitaciones por departamento
De las 34.000 candidaturas iniciales, cerca de 26.000 fueron inhabilitadas. La Paz es el departamento más afectado, con 7.790 aspirantes fuera de carrera de un total de 9.828. Las causas principales fueron la falta de certificado de idioma originario, solvencia fiscal y acreditación de domicilio electoral. Le siguen Santa Cruz (3.990 inhabilitados), Potosí (3.685), Oruro (2.677) y Chuquisaca (1.423).
Acciones complementarias del Órgano Electoral
El TSE ha programado un encuentro nacional con las organizaciones políticas para el 22 de enero. El objetivo es tratar temas como el padrón, la desinformación y el respeto a los resultados. Además, se sostendrán reuniones con el Órgano Judicial, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y la Fiscalía para garantizar el proceso.
Antecedentes de un proceso masivo
El TSE reportó un récord histórico de más de 32.000 candidatos inscritos para las elecciones subnacionales. Sin embargo, el incumplimiento de requisitos en la inscripción inicial ha derivado en la inhabilitación de la mayoría de los precandidatos en cinco departamentos clave, obligando a un proceso de sustitución masivo y urgente.
Cierre: Garantías para los comicios
El TSE busca asegurar el desarrollo del proceso electoral mediante el cumplimiento estricto del calendario y la coordinación con otras entidades del Estado. La definición del plazo del 5 de febrero como límite busca dar certidumbre al proceso de cara a las votaciones de marzo.
