Fiscalía solicita a Paraguay citar a representante de Botrading por caso YPFB
La Fiscalía boliviana ha emitido dos requerimientos de cooperación internacional, a través de la Cancillería, para citar a la paraguaya Sandra Bathania Otazú. Es la representante legal de Botrading S. A., empresa investigada por contratos con YPFB CORPORACIÓN que podrían haber causado un daño económico de hasta 857 millones de dólares. La ciudadana aún no ha sido notificada formalmente.
Dos solicitudes por la demora en la respuesta
El fiscal Omar Yujra explicó que la primera solicitud, emitida en octubre, no obtuvo una respuesta formal desde Paraguay. Ante esta demora, la comisión de fiscales determinó realizar un nuevo requerimiento. Otazú es una de más de 20 personas investigadas, entre funcionarios de YPFB y del Ministerio de Hidrocarburos.
El origen y las operaciones de la empresa
Botrading S. A. fue creada en el gobierno de Evo Morales pero comenzó sus operaciones activas en la gestión de Luis Arce. Entonces se modificó su nombre, se instaló en Paraguay, recibió capital prestado por YPFB CORPORACIÓN y se designó a Otazú como su representante legal.
Investigación parlamentaria identifica irregularidades
Una Comisión Especial de la Asamblea Legislativa investigó el caso y remitió informes a la Contraloría General del Estado. Se identificaron al menos nueve irregularidades en 12 contratos firmados entre YPFB y Botrading. La exdiputada Luciana Campero calificó a la empresa como “de papel”.
Imputaciones ya formalizadas en Bolivia
El 5 de diciembre, la Fiscalía imputó formalmente a seis personas, entre ellas el expresidente de YPFB CORPORACIÓN, Armin Dorgathen. Los delitos investigados son incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica. El juzgado aún no fijó fecha para la audiencia cautelar.
Antecedentes de una empresa con operación sospechosa
Según la investigación legislativa, Botrading operaba en Paraguay desde oficinas reducidas y con solo tres abogados. Esta estructura se consideró sospechosa para una compañía que realizó transacciones por 857 millones de dólares con la petrolera estatal boliviana para el abastecimiento de combustibles.
Cierre: La cuantificación del daño pendiente
El fiscal Yujra aclaró que será la Contraloría o una auditoría forense del IDIF la que determine la cuantificación final del daño económico. Mientras, el proceso judicial avanza con las imputaciones en Bolivia y se busca la declaración de la representante legal en Paraguay a través de la vía diplomática.
