Fiscalía de Santa Cruz revisa cierre del caso de caza ilegal de jaguares
La Fiscalía Departamental de Santa Cruz analiza la reapertura del caso contra una empresa argentina por caza ilegal de jaguares. El fiscal Alberto Zeballos confirmó que la resolución de cierre, emitida en agosto, no es definitiva. Se solicitó el expediente para evaluar posibles irregularidades en la investigación.
Revisión de un cierre cuestionado
El fiscal departamental Alberto Zeballos informó que verificó la resolución en los sistemas digitales del Ministerio Público (JL2 y ecosistema Roma). “Si constatamos ausencia de diligencias relevantes, con seguridad la resolución será revocada”, advirtió. Las partes tienen cinco días para objetar, y la Fiscalía dispone de diez días para decidir la reapertura.
Los actores de la denuncia
La denuncia penal fue presentada en diciembre de 2024 por la activista Lisa Mirella Corti y el guardaparque Marcos Uzquiano. Su abogado, Rodrigo Herrera, señaló que presentaron pruebas como fotografías y un informe de la Fiscalía argentina. Herrera afirmó que no fueron notificados formalmente del cierre.
Antecedentes: una red internacional bajo la lupa
El caso investiga a la empresa Caza & Safari y a su propietario, el argentino Jorge Néstor Noya, señalado como operador de una red internacional de tráfico de fauna. En Argentina, Noya enfrenta procesos por lo que se considera el mayor caso de caza ilegal detectado allí. La investigación de Mongabay indica que habría llevado a clientes extranjeros a cazar jaguares en el Área Natural de Manejo Integrado (ANMI) San Matías.
Contraste con la investigación en Argentina
Mientras en Bolivia el caso se cerró en primera instancia, en Argentina la investigación avanzó con 12 allanamientos, embargos de bienes y la incautación de 44 armas y 7.951 taxidermias. La causa se tramita en la Fiscalía Federal N.º 1 de Lomas de Zamora.
Cierre: posibles sanciones y alcance internacional
Zeballos advirtió que se evaluará el inicio de procesos si se verifica negligencia de los fiscantes. “El objetivo del Ministerio Público es precautelar la biodiversidad (…) también fuera del país”, concluyó. La decisión definirá la continuidad de una investigación con repercusión transnacional.
