Investigador social tacha de «abusivo» el alza del pasaje a 5 bolivianos

El investigador Eduardo Pando califica de abusivo el alza del pasaje a 5 bolivianos. Según sus cálculos, el incremento de combustibles e inflación justificaría un ajuste de solo 40 céntimos, no de 2,60 bolivianos.
Agencia de Noticias Fides - Bolivia
Manifestación contra el aumento del pasaje del transporte público.
Manifestación contra el aumento del pasaje del transporte público. / Internet / ANF

Analista califica de abusivo el alza del pasaje a 5 bolivianos

El investigador Eduardo Pando afirma que el impacto real del aumento de combustibles justificaría un ajuste de solo 40 céntimos. El incremento tarifario, que ha generado protestas, se debate tras la eliminación de la subvención a los carburantes mediante el Decreto Supremo 5503.

Falta de sustento técnico en las propuestas

Eduardo Pando señala que existe una fórmula regulada para calcular las tarifas, la cual debió actualizarse hace meses. Aunque el precio de la gasolina y el diésel subió entre un 80% y más del 100%, su peso en la estructura de costos del transporte bajó del 35% al 17% actual.

El cálculo real del ajuste necesario

Según estudios de su consultora, el alza de carburantes solo justifica un incremento de 20 a 24 céntimos. Sumando el efecto de la inflación y los salarios, el ajuste total debería ser cercano a los 40 céntimos. Por ello, califica de excesivo y especulativo subir el pasaje de 2,40 a 5 bolivianos.

Antecedentes del conflicto tarifario

El debate se reactiva en un contexto marcado por la eliminación de la subvención a los carburantes mediante el Decreto Supremo 5503. El analista detalla que, aunque el precio de los combustibles se incrementó de manera significativa, su peso dentro de la estructura de costos del transporte se redujo en los últimos años.

Cierre: Advertencia de conflicto y llamado al diálogo

Pando advierte que autorizar incrementos sin respaldo técnico puede derivar en conflictos sociales. Propone instalar mesas técnicas con todos los actores involucrados, como transportistas, juntas vecinales y gobiernos, para hallar un precio de equilibrio. Concluye que ninguna autoridad debería aprobar una tarifa sin un estudio serio que la sustente.

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