Embarazo adolescente en Bolivia es 10 veces mayor en población pobre
Más de 28.000 casos de embarazo adolescente se registraron en Bolivia en 2024. El riesgo para adolescentes de hogares con menores ingresos es hasta diez veces superior, según datos del FONDO DE POBLACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS (UNFPA). La incidencia es más alta en zonas rurales y en departamentos del oriente.
Desigualdad territorial y social
El representante del UNFPA en Bolivia, Pablo Salazar Canelos, indicó que la incidencia proporcional es más alta en zonas rurales. Aunque el mayor número absoluto se da en áreas urbanas, la proporción de adolescentes madres es más elevada en el oriente del país. Departamentos como Santa Cruz, Beni y Pando superan el promedio nacional.
Reducción en la última década
Bolivia redujo los casos anuales de más de 50.000 a alrededor de 28.000 en diez años. La tasa específica de fecundidad adolescente es de 48 nacimientos por cada mil, ubicando al país en el promedio de América Latina y el Caribe. No obstante, el UNFPA advierte que el desafío sigue siendo estructural.
Una meta regional y un plan nacional
América Latina es la segunda región del mundo con mayores tasas de embarazo adolescente. Ante esto, el UNFPA lanzó la iniciativa “Meta: cero embarazos en adolescentes”. El objetivo es erradicar el fenómeno en un plazo de 10 años, con metas alineadas al próximo Plan Nacional de Desarrollo.
Estrategia de implementación
El modelo integral prioriza acceso a servicios de salud amigables, educación sexual integral y acompañamiento psicológico. La meta inicial es trabajar en entre 10 y 15 municipios con mayor prevalencia. El programa busca financiarse con alianzas con el sector privado y la cooperación internacional.
Antecedentes: Una década de descenso
Según datos del UNFPA, Bolivia logró reducir los embarazos adolescentes de más de 50.000 a alrededor de 28.000 casos anuales en la última década, ubicándose actualmente en el promedio de América Latina y el Caribe.
Cierre: Un compromiso multisectorial
El UNFPA subraya que se requiere un compromiso sostenido del Estado, los gobiernos subnacionales y la sociedad para alcanzar la meta. El programa calcula necesitar cubrir aproximadamente el 40% de su costo total para insumos, equipamiento y capacitación.
