Transporte convoca ampliado tras eliminación de subsidio a combustibles
El presidente Rodrigo Paz aprobó el Decreto por la Patria que elimina la subvención a los hidrocarburos. La medida, anunciada la noche del miércoles 17 de diciembre, establece nuevos precios para los carburantes. El sector del transporte expresó su rechazo y convocó a reuniones de emergencia, mientras el sector empresarial señaló que la medida busca ordenar las finanzas públicas.
Reacción inmediata del sector transportista
La Federación Chuquiago Marka convocó a un ampliado de emergencia para este jueves. Su dirigente, Santos Escalante, afirmó que el sector se vio sorprendido por la falta de información previa. No se descartan medidas de presión como paros o movilizaciones, las cuales se definirán de manera orgánica. Víctor Tarqui, de la Confederación de Choferes Primero de Mayo, anunció que convocará a todas las federaciones del país para evaluar la situación.
Nuevos precios y advertencia sobre tarifas
Los nuevos precios ya se aplican en algunos surtidores: la gasolina especial se fija en Bs 6,96 por litro y el diésel en Bs 9,80. Escalante advirtió que este escenario podría reabrir el debate sobre las tarifas del transporte, debido al impacto en los costos operativos.
Postura del sector empresarial
Desde CAINCO, su presidente Jean Pierre Antelo dio una lectura distinta. Señaló que el ajuste responde a la necesidad de enfrentar una situación fiscal desafiante y transparentar costos distorsionados. Antelo destacó que el impacto viene acompañado de acciones de contención social, como el incremento de la Renta Dignidad y del Bono Juancito Pinto, además de un programa extraordinario de transferencias a sectores vulnerables.
Antecedentes de la decisión gubernamental
El presidente Paz aprobó el Decreto por la Patria que incluye los nuevos precios para los carburantes con el objetivo de ‘sincerar’ la economía. La eliminación de la subvención abrió un debate inmediato entre distintos sectores del país.
Cierre: El desafío del diálogo y la estabilidad
El desafío inmediato será abrir espacios de diálogo para canalizar las preocupaciones de los sectores afectados. El objetivo es asegurar que el proceso de ajuste económico se implemente con estabilidad, previsibilidad y protección social, en un contexto de reordenamiento de las finanzas del país.
