Abogado de Celia Castedo atribuye autorización del vuelo del Chapecoense a la DGAC
La anulación en EE.UU. de una indemnización de más de 200 millones de dólares reabre el caso legal de la tragedia aérea de 2016. El defensor de la exfuncionaria boliviana acusada señala a la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) como la entidad responsable de autorizar el plan de vuelo.
Un fallo estadounidense reconfigura el escenario de responsabilidades
Samuel Durán, abogado de Celia Castedo, afirmó que la reciente decisión de una corte de EE.UU. afecta directamente a las víctimas. Durán indicó que el reaseguro, con sede en ese país, apeló para «buscar otro culpable» y eludir su responsabilidad en una reparación que supera los 800 millones de dólares.
Tres procesos paralelos sin conclusión
El caso involucra un laudo arbitral, una demanda civil y un juicio penal en Bolivia. Durán sostuvo que la sentencia estadounidense «no era viable» porque los procesos en Bolivia no tienen una resolución definitiva. El juicio penal contra Castedo se encuentra con auto de apertura.
Informe de la OACI exime a funcionarios bolivianos
El abogado se apoyó en el informe oficial de la Aeronáutica Civil de Colombia, elaborado bajo normas de la OACI. Dicho estudio determina que «la responsabilidad no es de los funcionarios bolivianos» y apunta a un vacío en la normativa como factor permitente del vuelo.
La defensa descarta la competencia de Castedo
Durán desmintió categóricamente que su defendida autorizara el plan de vuelo de LaMia. Aseguró que, según los manuales de la OACI, «no era ella quien decidía la salida del avión». La entidad competente era la DGAC, que —según su versión— aprobó el documento presentado por la aerolínea.
Antecedentes: Un juicio penal suspendido y una acusación en disputa
Celia Castedo, exfuncionaria de Aasana, enfrenta un proceso penal en Bolivia por presuntas irregularidades en el plan de vuelo de la aeronave que se estrelló en Colombia en 2016. Su abogado afirma que el juicio se ha suspendido en varias ocasiones debido a la inasistencia de instituciones estatales que deben participar como partes procesales, no por responsabilidad de Castedo o del Ministerio Público.
Cierre: Las implicaciones legales y económicas pendientes
El fallo en EE.UU. replantea la búsqueda de responsables económicos para la reparación. Durán advirtió que, si el reaseguro no asume la indemnización, las víctimas podrían iniciar acciones legales contra Estados Unidos, país donde reside la empresa reaseguradora contratada por la aseguradora boliviana.
