Presidente Paz pide a la Justicia que no se escapen los responsables de la corrupción

El presidente Rodrigo Paz instó a la Fiscalía y a los jueces a evitar la impunidad en casos de corrupción, tras la detención de Luis Arce y la fuga irregular de otros procesados como Armin Dorgathen.
EL DEBER
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Presidente Paz pide a la Justicia que no deje escapar a los responsables de corrupción

El presidente Rodrigo Paz demandó colaboración a la Fiscalía y a los jueces para que los implicados en casos de corrupción no queden impunes. El mandatario hizo esta declaración tras la detención de Luis Arce, en un contexto de fuga irregular de otros procesados como el expresidente de YPFB, Armin Dorgathen.

Un mensaje claro tras una detención

En un breve encuentro con la prensa, el presidente Paz manifestó que la lucha contra la corrupción es una línea inquebrantable para su gestión. Subrayó que «vamos a dar señales claras» en este compromiso. Su declaración se produjo tras la aprehensión de Luis Arce, vinculado a una ampliación del caso Fondo Indígena, donde el Gobierno apunta a un daño de Bs 360 millones.

La advertencia a las instituciones judiciales

Paz se dirigió directamente a los órganos judiciales: «Pido a la Fiscalía y a los jueces, con el respeto que se merecen, que no se nos escapen pues». Lamentó que se estén escapando responsables del daño económico, moral y ético, y apuntó como causa a «los 20 años de un manejo corrupto y politizado sin respetar las instituciones».

Antecedentes: Un patrón de fuga y procesos abiertos

La preocupación del presidente tiene base en casos concretos. La semana pasada, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, informó sobre la salida irregular del país de Armin Dorgathen, expresidente de YPFB, sobre quien pesan varios procesos legales. Este hecho evidencia el riesgo de fuga que existe con algunos investigados.

Cierre: Un llamado al servicio público

El mandatario concluyó su intervención precisando que las instituciones del Estado deben estar al servicio del pueblo y no de un partido. Su declaración es un llamado directo a la acción coordinada entre el Gobierno y el sistema de justicia para evitar la impunidad en los casos de corrupción.

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