Activistas exigen justicia por muerte de Aramayo en caso exFondioc
Marco Antonio Aramayo falleció en prisión en 2022 tras denunciar un desfalco millonario. El activista Manuel Morales y el abogado Héctor Castellón pidieron reivindicar su memoria y que su caso no quede impune. El tema regresó a la agenda tras la aprehensión de la exdiputada Lidia Patty, investigada por el mismo caso.
Una muerte bajo custodia del Estado
Marco Antonio Aramayo, exdirector del Fondo Indígena (Fondioc), falleció el 18 de abril de 2022 por un paro cardiorrespiratorio en el hospital Cotahuma de La Paz. Sucedió mientras permanecía privado de libertad tras haber denunciado irregularidades en la entidad. Aramayo pasó siete años en prisión y enfrentó 256 procesos judiciales iniciados durante los gobiernos del Movimiento Al Socialismo (MAS).
La denuncia original del desfalco
En 2016, Aramayo denunció que la entonces ministra Nemesia Achacollo autorizó un desembolso de 575 millones de bolivianos en 2014, un año electoral, pese a que el Fondo Indígena estaba en quiebra técnica. Tras dejar su cargo en 2015, ya afrontaba más de 120 denuncias por delitos como conducta antieconómica.
Los actores claves y sus reclamos
El abogado Héctor Castellón calificó la persecución judicial como “una maldad ejercida por el Ministerio Público y el Poder Judicial”. Exhortó a operadores de justicia probos a “levantar la voz” para evitar la impunidad. Por su parte, Manuel Morales, del Comité Nacional de Defensa de la Democracia (CONADE), recordó que Aramayo, pese a revelar el desfalco, “terminó siendo el único en prisión”.
Repercusión política y nuevos desarrollos
El caso recuperó notoriedad con la aprehensión de la exdiputada del MAS Lidia Patty, investigada por delitos vinculados al mismo desfalco. Morales también vinculó al expresidente Luis Arce, quien formó parte del directorio que autorizó los desembolsos. Los activistas buscan reivindicar a Aramayo como víctima y a los pueblos indígenas afectados.
El origen de la controversia
La controversia se remonta a la denuncia de Aramayo en 2016. El exdirector afirmó que la entonces ministra de Desarrollo Rural, Nemesia Achacollo, autorizó el desembolso de 575 millones de bolivianos en 2014, en pleno año electoral, pese a que el Fondo Indígena se encontraba en quiebra técnica.
Implicaciones para la justicia boliviana
El caso pone bajo escrutinio la independencia del sistema judicial durante los gobiernos del MAS. La exigencia de los activistas busca establecer un precedente contra la impunidad en casos de corrupción y la persecución a denunciantes, subrayando la necesidad de reparar la memoria del exdirector fallecido.
