Senado boliviano pide bloquear salida del país a exautoridades investigadas

El Senado aprobó por unanimidad una resolución que exhorta a Migración a impedir la salida del país de exaltas autoridades. La medida aplica la Ley de Permanencia Obligatoria durante investigaciones por presuntos hechos irregulares.
Correo del Sur
El expresidente Arce junto a su gabinete ministerial.
El expresidente Arce junto a su gabinete ministerial. / Autor no disponible / Diario Correo del Sur

Senado aprueba resolución para impedir salida del país de exautoridades

La Cámara de Senadores aprobó por unanimidad una Resolución Camaral que exhorta a la Dirección Nacional de Migración a bloquear la salida del país de exaltas autoridades. La medida busca aplicar la Ley 1352 de Permanencia Obligatoria mientras continúan investigaciones por presuntos hechos irregulares.

Unanimidad en el Senado para aplicar la ley

El senador Wilder Véliz (PDC) informó que el pleno de la Cámara Alta aprobó la resolución. El objetivo es que exautoridades como el expresidente, exvicepresidente y exministros no abandonen el territorio nacional mientras se esclarecen presuntos hechos de corrupción en instituciones públicas.

Alcance y fundamento legal de la medida

La decisión se enmarca en la Ley 1352, que establece una Permanencia Obligatoria de tres meses para autoridades salientes. La norma alcanza a presidentes, vicepresidentes, ministros y otras altas autoridades. Su fin es garantizar la transición, la rendición de cuentas y evitar la impunidad.

Antecedentes: La Ley de Permanencia Obligatoria

La Ley 1352 del 14 de octubre de 2020 establece la Permanencia Obligatoria en Territorio Nacional para autoridades del nivel central y entidades territoriales autónomas. Su objetivo es asegurar que las autoridades salientes permanezcan en el país por un periodo de tres meses tras la conclusión de su mandato o su destitución, a fin de rendir informes, garantizar la transición y proteger los intereses del Estado.

Cierre: Aplicación y responsabilidades

Para su aplicación, la Contraloría General del Estado debe remitir a Migración el listado de autoridades obligadas. El Artículo 4 de la ley advierte que el incumplimiento acarrea responsabilidad penal. La medida busca asegurar la transparencia en el cambio de gestión administrativa.

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