Trump asegura que no desafía al Tribunal Supremo en caso de deportación
El Gobierno estadounidense sigue resistiéndose a repatriar a un salvadoreño expulsado ilegalmente. El presidente Trump insiste en que cumple con la justicia, pese a las críticas por el incumplimiento de la orden judicial. El caso pone en duda el respeto al debido proceso en su política migratoria.
«No voy contra el Tribunal Supremo»
Donald Trump afirmó en una entrevista con TIME que «nunca desafiaría» al Tribunal Supremo, pese a la resistencia de su administración a facilitar el retorno de Kilmar Abrego García, deportado a El Salvador. «Dejo eso a mis abogados», declaró el mandatario, quien aseguró que su equipo interpreta la orden judicial de forma distinta.
Un caso con ramificaciones legales
Abrego García, residente en Maryland, fue expulsado bajo la Ley de Extranjeros Enemigos, pese a un fallo previo que prohibía su deportación por riesgo de persecución. Un juez federal cuestionó las pruebas que lo vinculaban con pandillas. El Tribunal Supremo ordenó al Gobierno «facilitar» su regreso, pero la Fiscal General Pam Bondi afirmó que «no volverá» a EE.UU.
Reacciones y tensiones institucionales
Demócratas y expertos legales ven en este caso una crisis constitucional. El senador Chris Van Hollen viajó a El Salvador para reunirse con Abrego García. Mientras, el juez Paula Xinis acusó al Gobierno de «obstruir» la investigación y tergiversar el fallo del Supremo.
Un precedente en la política migratoria
El caso se enmarca en la aplicación controvertida de la Ley de Extranjeros Enemigos, usada en marzo para deportar a más de 200 venezolanos y salvadoreños acusados de pertenecer a pandillas. La semana pasada, el Supremo frenó una segunda oleada de expulsiones bajo esta ley.
Un pulso judicial sin resolver
La disputa evidencia la tensión entre el Ejecutivo y el poder judicial en materia migratoria. Trump aseguró que cumplirá las sentencias, aunque su administración mantiene una interpretación restrictiva de las órdenes. El desenlace del caso podría marcar un precedente sobre los límites del poder presidencial.