El Departamento de Justicia de EE.UU. elimina protecciones a periodistas en investigaciones de filtraciones
La fiscal general Pam Bondi revocó una política que limitaba el acceso a registros y testimonios de periodistas. La medida, anunciada el 25 de abril de 2025, afecta a investigaciones sobre filtraciones de información gubernamental. El cambio alinea el DOJ con las críticas de Donald Trump a la prensa y a las fugas de información.
«No toleraremos filtraciones que dañen al pueblo estadounidense»
Bondi justificó la decisión en un memorándum interno, afirmando que las normas anteriores fueron «abusadas» para permitir filtraciones políticas a «aliados mediáticos». La fiscal aseguró que el DOJ priorizará la rendición de cuentas, incluyendo procesamientos penales, aunque no detalló investigaciones concretas.
Reacción de defensores de la libertad de prensa
Bruce Brown, del Comité de Reporteros por la Libertad de Prensa, advirtió que la medida «amenaza el flujo informativo». Recordó que protecciones similares permitieron destapar casos como Watergate o el espionaje post-11S. Bondi, sin embargo, mantendrá aviso previo a periodistas en ciertas solicitudes judiciales.
De Garland a Bondi: un giro en las reglas
La política eliminada fue instaurada en 2021 por el fiscal general Merrick Garland, tras revelarse que el DOJ accedió a registros de The Washington Post y The New York Times. Bondi calificó esas normas como «excesivamente amplias», aunque no aclaró si se retomarán los protocolos previos a 2021.
Un telón de fondo polarizado
El cambio ocurre en un contexto de tensiones entre Trump y exfuncionarios como Christopher Krebs, mencionado en el memorándum. Tradicionalmente, los presidentes evitaban investigar a sus antecesores para no politizar el DOJ, pero Trump ha impulsado indagatorias contra críticos de su primera administración.
Sin escudo legal a la vista
Aunque el gobierno de Biden apoyó en 2021 una ley federal para proteger a periodistas, la iniciativa nunca se aprobó. La nueva política de Bondi deja en manos de altos funcionarios del DOJ la autorización de solicitudes sensibles, sin eliminar por completo las salvaguardas.
