Juez bloquea orden de Trump contra derechos sindicales federales

Un tribunal federal frenó temporalmente una orden ejecutiva que eliminaba derechos de negociación colectiva para empleados públicos, tras una demanda por presunta retaliación.
POLITICO
Persona con cabello rubio y traje oscuro, habla mientras se apoya en un marco de puerta.
La imagen presenta a una persona de cabello rubio con un traje oscuro, visible en un entorno interior, con expresión facial intensa.

Juez bloquea orden de Trump que elimina derechos sindicales de empleados federales

La medida afecta a casi una docena de agencias gubernamentales. Un tribunal federal ordenó mantener temporalmente la negociación colectiva y el cobro de cuotas sindicales. El fallo responde a una demanda por presunta retaliación contra sindicatos opositores.

«Un freno a la retaliación presidencial»

El juez Paul Friedman bloqueó este miércoles una orden ejecutiva de Trump que eliminaba derechos de negociación colectiva en agencias como Justicia, Salud y Tesoro. La medida también buscaba cancelar contratos sindicales vigentes. Friedman señaló que la acción parecía dirigida a sindicatos críticos con su agenda.

La base legal en disputa

Trump usó una cláusula excepcional de leyes laborales en tiempos de guerra, alegando «seguridad nacional». Sin embargo, el Sindicato Nacional de Empleados del Tesoro (NTEU) demandó, argumentando que el presidente excedió sus atribuciones y actuó por represalia.

Batalla legal en dos frentes

Mientras el NTEU gana esta primera batalla, la administración Trump ha presentado demandas en Kentucky y Texas para anular contratos sindicales. El juez ordenó reanudar el diálogo entre agencias y sindicatos hasta resolver el fondo del caso.

Un ataque a décadas de derechos laborales

La orden ejecutiva de marzo buscaba revertir décadas de protección a la sindicalización en el sector público. Trump justificó el cambio como parte de su plan para reducir el tamaño del gobierno, una promesa clave de su campaña.

La pelea continuará en los tribunales

El fallo es provisional, pero marca un precedente sobre los límites del poder presidencial en materia laboral. La disputa podría escalar hasta la Corte Suprema, dependiendo de las apelaciones.