Justicia fijará fecha de inspección a planta de residuos de Okinawa
El Juzgado Agroambiental de Santa Cruz realizará una audiencia este miércoles a las 14:00 para emitir resoluciones pendientes y establecer la fecha de la inspección judicial a la planta de tratamiento de residuos de Okinawa I, paralizada desde febrero. El proceso busca esclarecer la situación de la instalación.
Etapa clave en conflicto legal
El ingeniero Román Vitrón, especialista ambiental, explicó que la paralización se basó en información de los demandantes, quienes alegaron presuntos daños ambientales. Sostiene que la planta “no entró en operación total” y que lo ocurrido en septiembre de 2023 fue solo un ingreso inicial. Las suspensiones previas del proceso han impedido la verificación en terreno y los trámites administrativos.
Riesgos por la falta de definición
Vitrón advirtió que la demora judicial mantiene en riesgo la gestión de residuos urbanos, el manejo de desechos hospitalarios y la situación del botadero municipal. Recordó que la normativa nacional fija como máximo mayo de 2026 para el cierre de botaderos. El retraso también afecta a la infraestructura, construida con una inversión superior a los 3 millones de bolivianos, por deterioro progresivo.
Objetivos de la audiencia
El objetivo para la audiencia es “evitar que la situación continúe dilatándose” y programar la visita judicial con peritos. “Mañana creo que tendría que establecerse la fecha de inspección”, señaló Vitrón. Esto permitirá a la juez verificar en el lugar los datos del expediente, que el municipio cuestiona, alegando que hay “mucha información falsa como pruebas”.
Antecedentes de la paralización
La operación de la planta fue suspendida en febrero por una orden judicial, tras una Acción Agroambiental que alegaba presunta afectación ambiental. El municipio sostiene que la obra cuenta con estudios, aprobaciones y un informe de viabilidad del SEARPI, además de medidas de protección implementadas.
Implicaciones administrativas y financieras
El especialista señaló que el retraso podría generar impactos financieros, ya que una eventual reversión de recursos afectaría el POA municipal, reduciendo los fondos para obras. La administración local insiste en que definir una fecha de inspección es esencial para evaluar la infraestructura y encaminar la operación de la planta, lo que consideran indispensable para evitar mayores riesgos ambientales y administrativos.
