Presidente Paz afirma que los fondos de la Gestora Pública «ya no están»
Las declaraciones del presidente Rodrigo Paz sobre la situación financiera de la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo han generado alarma social, rechazo sindical y un cruce de posturas con la COB. El mandatario denunció una presunta mala administración de los fondos de jubilación, lo que reactivó la preocupación entre aportantes y jubilados en todo el país.
Denuncia presidencial y responsabilidades
Durante un acto público, el presidente Rodrigo Paz afirmó que los recursos de los aportantes “ya no están en la Gestora”. Aseguró que la anterior administración usó los fondos previsionales como una “caja chica del Gobierno”, derivando en dos juicios internacionales por 171 millones de dólares. Paz responsabilizó a exautoridades por una supuesta inoperancia en la defensa de los intereses del Estado.
Rechazo y exigencia de pruebas por parte de la COB y jubilados
La Central Obrera Boliviana (COB) cuestionó inmediatamente las afirmaciones. Su ejecutivo, Mario Argollo, declaró que “el presidente está mal asesorado y ha generado pánico”, anunciando una nota oficial para que aclare los fundamentos técnicos. El dirigente de jubilados, Rodolfo Ayala, pidió que cualquier denuncia se respalde con documentación y auditorías, remarcando que los fondos “están invertidos”.
Alarma social y movilización de aportantes
Las declaraciones presidenciales reactivaron el temor entre jubilados y trabajadores. Decenas de ciudadanos acudieron a las oficinas de la Gestora en busca de información, reflejando un clima de angustia e incertidumbre. La exigencia común fue una sola: transparencia, investigaciones rápidas y sanción a los responsables en caso de comprobarse irregularidades.
Pronunciamiento del sector médico y estado de emergencia
La Confederación Sindical de Profesionales de Ramas Médicas en Salud Pública (Confesirmes) se sumó a la polémica. Emitió un pronunciamiento rechazando cualquier acto que ponga en riesgo los fondos de jubilación, pidiendo una investigación exhaustiva e independiente. Asimismo, Confesirmes se declaró en estado de emergencia nacional permanente en defensa de los recursos previsionales.
Antecedentes de la controversia
El Gobierno insiste en que heredó una situación financiera crítica con procesos judiciales internacionales en curso. Mientras, los sectores sociales, sindicales y de jubilados exigen pruebas, auditorías y transparencia para evitar que se instale el temor de un colapso del sistema de pensiones.
Cierre: Un conflicto social con impacto nacional
La polémica sobre la Gestora Pública se convierte en uno de los primeros grandes conflictos sociales de la nueva administración. El cruce de versiones entre el Gobierno y las organizaciones sociales tiene un impacto directo en la confianza de millones de aportantes en todo el país.
