Presidente alerta que Bolivia puede perder más de 170 millones en arbitrajes

El presidente Rodrigo Paz alertó que el país enfrenta dos procesos de arbitraje internacional que comprometen más de 170 millones de dólares, casos descuidados por el gobierno anterior y vinculados a la Gestora Pública.
EL DEBER
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Bolivia afronta dos arbitrajes que pueden costar más de 170 millones de dólares

El presidente Rodrigo Paz alertó este martes que el país puede perder más de 170 millones de dólares en dos procesos de arbitraje internacional. Los casos, vinculados a empresas que administraban pensiones a través de la Gestora Pública, fueron descuidados por el anterior Gobierno. El mandatario recibió un informe que detalla la situación crítica.

Montos en juego y deudas pendientes

Según el Presidente, un arbitraje compromete 94 millones de dólares y otro 77 millones. A estos montos se suma una deuda millonaria con los abogados internacionales que representaban al país. Los letrados quieren retirarse porque dejaron de pagarles, explicó Paz, quien calificó el momento como complejo.

Respuesta a las críticas del exgerente

Las declaraciones se producen en medio de un debate público sobre los fondos de la Gestora. El presidente respondió con dureza al exgerente Jaime Durán, quien un día antes negó que los aportes se hubieran gastado. Paz afirmó que las exautoridades “todavía tienen el tupé” de defender su gestión cuando dejaron estos arbitrajes al borde de perderse.

Antecedentes de un conflicto heredado

El Gobierno anterior descuidó durante varios años los dos procesos de arbitraje internacional. Ambos están relacionados con empresas que administraban las pensiones de los bolivianos. El presidente Paz accedió a un informe detallado sobre la situación el lunes 1 de diciembre.

Cierre: Un asunto de repercusión nacional

El Ejecutivo prevé brindar más detalles en los próximos días. Los arbitrajes mantienen en vilo las finanzas públicas y alimentan el debate nacional sobre la situación de la Gestora Pública y la administración de los aportes jubilatorios. La resolución de estos casos definirá una obligación económica significativa para el Estado.

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