Fiscalía imputa al diputado Ribera por caso golpe fallido II

El diputado Richard Ribera enfrenta cargos de terrorismo, alzamiento armado y atentado contra dignatarios en el caso 'golpe fallido II'. La audiencia se celebrará el 23 de abril en La Paz.
El Deber

Fiscalía imputa al diputado Ribera por tres delitos en caso «golpe fallido II»

El legislador cruceño enfrenta cargos de terrorismo, alzamiento armado y atentado contra dignatarios. La audiencia de medidas cautelares se celebrará el 23 de abril en La Paz. La CIDH había recomendado reclasificar el delito de terrorismo por incumplir estándares internacionales.

«Un padre de la Patria bajo imputación»

El fiscal departamental de La Paz, Luis Carlos Torrez, confirmó que Richard Ribera (CREEMOS) es acusado en grado de complicidad por su presunta vinculación con los hechos del 26 de junio de 2024, cuando militares ocuparon la Plaza Murillo. «Solicitamos medidas sustitutivas por su investidura y trabajo estable», explicó.

Los cargos y las críticas

La Fiscalía basa su acusación en declaraciones de militares implicados en el caso «golpe fallido I» y en la imputación al general Juan José Zúñiga. La CIDH advirtió en 2022 que la tipificación de terrorismo en Bolivia viola el principio de legalidad. Ribera niega participación: «No tenemos nada que esconder».

Repercusión política

La defensa de Ribera denuncia «abuso» al aplicar medidas cautelares sin flagrancia, lo que contradice la inmunidad parlamentaria. Mientras, el ministro de Gobierno filtró que el diputado «admitió conocer el supuesto golpe», según versiones oficiales.

Cuando los tanques rodaron hacia la Plaza Murillo

El 26 de junio de 2024, tropas militares intentaron deponer al gobierno de Luis Arce. Ribera es vinculado con el activista Fernando Hamdan, detenido en San Pedro. La Fiscalía alega que ambos conversaron sobre los hechos, aunque no presenta pruebas materiales.

Un proceso que sigue su curso

Mientras Ribera espera audiencia, el caso «golpe fallido I» avanza con declaraciones de testigos como el analista Paúl Coca. La resolución judicial marcará un precedente sobre la aplicación de medidas cautelares a legisladores en un contexto de polarización política.