Dirigente de K’ara K’ara en prisión por acusación de violación

Evert Quispe, líder de la mancomunidad K'ara K'ara, cumple detención preventiva tras una denuncia de violación. Su defensa alega persecución política.
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Grupo de personas con uniforme y chalecos alrededor de un individuo marcado con un círculo rojo.
Imagen en la que se puede observar a varias personas con chalecos y uniformes rodeando a un hombre en un entorno interior.

Dirigente de K’ara K’ara ingresa en prisión por acusación de violación

Evert Quispe cumplirá cuatro meses de detención preventiva. La medida se dictó tras una denuncia de su expareja, quien reside en Estados Unidos. El dirigente alega persecución política por liderar protestas en el botadero de Cochabamba.

«Es un proceso armado», gritó el acusado

Evert Quispe, líder de la mancomunidad K’ara K’ara, fue trasladado al penal de San Antonio tras una audiencia cautelar. El juzgado consideró suficientes las pruebas presentadas, aunque su abogado, Ronald Montaño, las tachó de «injustas»: «No hay certificado forense boliviano ni pruebas físicas». La víctima declaró desde el extranjero mediante un informe psicológico.

La defensa cuestiona el procedimiento

Montaño insistió en que su cliente desconocía la denuncia hasta su detención y que el informe médico «no demostró violación». Además, recalcó que la acusación se basó en testimonios remotos: «No hay imágenes ni videos que sustenten la versión».

Un líder con múltiples procesos

Quispe enfrenta otras investigaciones pendientes, según el texto. Su perfil como dirigente social ha marcado la controversia, al vincular el caso con su rol en las movilizaciones contra el botadero de Cochabamba.

Entre el delito y la protesta

K’ara K’ara es una zona históricamente marginada en Cochabamba, donde los conflictos por el manejo de residuos han generado tensiones entre vecinos y autoridades. Quispe surgió como figura clave en estas disputas antes de las acusaciones.

La justicia tendrá la última palabra

El caso enfrenta versiones contradictorias: mientras la Fiscalía avala la detención, la defensa insiste en irregularidades. Los cuatro meses de prisión preventiva definirán si las pruebas se consolidan o no ante un juicio.