Policía desmantela red de falsificación de documentos en Oruro
Más de 140 sellos oficiales en la entradilla. La investigación comenzó tras una denuncia notarial en octubre.
Operación contra falsificadores
La Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC) realizó dos allanamientos el 18 de noviembre, en coordinación con el Departamento de Análisis Criminal e Inteligencia (DACI). En la primera vivienda se incautaron 140 sellos de instituciones públicas, dos computadoras y una impresora, con dos detenidos. En el segundo domicilio se secuestró una computadora, tres impresoras y documentación técnica, con una aprehensión.
Origen de la investigación
Un notario alertó a la FELCC el 20 de octubre al detectar un documento falso que no figuraba en el sistema de Derechos Reales y cuya fecha de emisión correspondía a un día no laborable. Esto inició la investigación por falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado.
Implicación de funcionaria
Durante la investigación se aprehendió a una funcionaria de Derechos Reales, en cuyo domicilio se encontraron 29 folios reales en blanco, formularios y un DVR, presuntamente utilizados para las falsificaciones.
Instituciones afectadas
Entre los sellos intervenidos se identificaron los del Gobierno Municipal de Oruro, la alcaldía, la gobernación, abogados, notarios, Derechos Reales y la policía.
Proceso legal en curso
El Ministerio Público de Oruro investiga los delitos de falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado. La fiscal Patricia Aráoz confirmó el hallazgo de sellos de numerosas instituciones. Las pesquisas continúan para determinar el grado de participación de los detenidos y posibles afectados.
Antecedentes del caso
La investigación policial se inició a raíz de la denuncia de un notario que identificó documentación falsa, determinando posteriormente que esta persona no actuaba sola.
Implicaciones del desmantelamiento
La operación desarticula una red dedicada a la falsificación sistemática de documentos oficiales, con la participación de cinco aprehendidos, incluida una funcionaria pública. El caso revela la vulnerabilidad de los sistemas documentales ante este tipo de actividades delictivas organizadas.
