Informe policial alerta sobre alianza criminal de Marset y Vásquez con el PCC
Un informe de Inteligencia policial recomienda alerta máxima en Santa Cruz y Beni. El documento vincula la ola de sicariatos, secuestros y corrupción policial a una disputa por rutas de narcotráfico entre dos organizaciones criminales aliadas con el PCC de Brasil.
Actores de una Amenaza Iminente
El análisis identifica dos estructuras criminales principales: la red transnacional de Sebastián Marset y la organización nacional de Yasser ‘Coco’ Vásquez. Ambas constituyen una amenaza directa a la seguridad interna y regional, con una alianza confirmada con el Primer Comando de la Capital (PCC) de Brasil.
Hechos que Desataron la Alerta
Tres eventos criminales incrementaron la sensación de inseguridad. Un video de ‘Coco’ Vásquez con amenazas a autoridades, la publicación de un grupo armado con símbolos del PCC respaldando amenazas de Marset, y el asesinato del hijo de una alcaldesa en San Ramón, Beni.
Expansión del Corredor Criminal
El informe remarca que la convergencia de Marset, Vásquez y el PCC demuestra la existencia de un corredor criminal transnacional activo y en expansión. La repercusión inmediata es la recomendación de declarar una alerta máxima en los departamentos de Santa Cruz y Beni.
Infiltración en las Fuerzas del Orden
Se enfatiza que las fuerzas del orden están infiltradas, con presunción de que ambas organizaciones reciben información privilegiada. Un ejemplo citado es el proceso contra cuatro miembros de la Armada y dos policías por el sicariato de Édgar Dorado.
Antecedentes: La Pugna por el Territorio
El informe revela que los sicariatos, secuestros y casos de corrupción policial están ligados a una pugna por las rutas de tráfico de drogas. Las organizaciones de Marset y ‘Coco Vásquez’ disputan el control del territorio con otros grupos nacionales.
Cierre: Medidas Urgentes Propuestas
El documento recomienda al Ejecutivo coordinar reuniones binacionales con Brasil e INTERPOL, priorizar capturas fuera de zonas de alto riesgo, coordinar con la Fiscalía la protección de testigos y declarar la alerta máxima. Las implicaciones apuntan a una necesaria coordinación internacional y una respuesta interna urgente para contener la escalada violenta.
