Doria Medina propone 11 reformas constitucionales para evitar Asamblea Constituyente
Eliminar la reelección presidencial y modificar la elección de magistrados son puntos centrales. La propuesta busca cambios en los ámbitos político, judicial y económico sin convocar una Asamblea Constituyente.
Eje político: límites al poder
En el ámbito político, Samuel Doria Medina plantea eliminar la reelección en todas sus formas. También propone impedir que un extranjero naturalizado sea presidente y modificar los requisitos para ganar en primera vuelta. La segunda vuelta debería celebrarse en un máximo de tres semanas.
Modificación del sistema electoral
Actualmente, la CPE exige más del 50% de los votos o un 40% con 10 puntos de ventaja para evitar el balotaje. La reforma busca flexibilizar estas exigencias.
Eje judicial: cambio en la justicia
Para el sistema judicial, la propuesta sugiere eliminar la elección directa de magistrados por voto popular. Plantea suprimir el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) por considerarlo una instancia que se inmiscuye en juicios importantes. Además, establece que el presupuesto para la justicia sea obligatoriamente del 2% del PIB.
Eje económico: incentivos y regulación
En materia económica, se propone modificar las reglas que impiden la inversión privada, preservando el carácter estratégico de los recursos. Busca reintroducir un sistema estatal de regulación independiente del gobierno. Finalmente, crea un procedimiento constitucional para la adopción de biotecnología en las actividades productivas.
Antecedentes de la propuesta
Samuel Doria Medina, empresario y tercero en las elecciones generales, presentó este viernes una propuesta de reforma constitucional para evitar una Asamblea Constituyente, con tres ejes: económico, político y judicial.
Implicaciones de las reformas
Las 11 reformas constitucionales plantean una reestructuración del sistema político, judicial y económico de Bolivia, buscando limitar la concentración de poder, modificar la administración de justicia y fomentar la inversión privada mediante cambios en la Carta Magna.