Exgeneral Zúñiga denuncia manipulación electoral y contratos

El excomandante reveló una reunión secreta para alterar el padrón electoral y proteger contratos con Rusia y China, según su testimonio desde prisión.
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Persona con chaleco en una sala con varias personas al fondo.
Un hombre con un chaleco en el centro de la imagen, acompañado por otras personas en segundo plano.

Exgeneral Zúñiga revela reunión para manipular padrón electoral

El excomandante denunció un plan para alterar el censo electoral y proteger contratos extranjeros. La reunión habría incluido a 12 extranjeros y altos funcionarios, según su testimonio desde la cárcel de El Abra. La entrevista provocó la destitución del director penitenciario por uso ilegal de celulares.

«Una reunión secreta con dos finalidades»

El exgeneral Juan José Zúñiga afirmó que Fernando Rodríguez, allegado al presidente Arce, convocó el encuentro con 10-12 extranjeros y el director de la AGETIC. «Hablamos de manipular el padrón electoral y apoyar con inteligencia al Gobierno», declaró al medio argentino Data Urgente. Según él, el objetivo era evitar juicios a autoridades y consolidar contratos con Rusia y China en litio.

Actores clave y consecuencias inmediatas

Zúñiga vinculó la reunión a Vladimir Terán (entonces director de AGETIC), aunque no lo nombró directamente. Tras la difusión, el Director de Régimen Penitenciario de Cochabamba fue destituido por permitir el ingreso de celulares a la cárcel. El exgeneral será aislado por usar un teléfono móvil.

Trasfondo: contratos y temor a la alternancia

El testimonio apunta a un contexto de presión por proyectos estratégicos como la explotación de litio, adjudicados a potencias extranjeras. Zúñiga justificó su revelación: «El que calla es un traidor a la patria». La denuncia surge meses después de la toma militar en la plaza Murillo (junio 2024), donde él participó.

Una bomba de relojería institucional

Las declaraciones reavivan cuestionamientos sobre transparencia electoral y vínculos del Gobierno con grupos extranjeros. La repercusión inmediata fue sancciones penitenciarias, pero el impacto político dependerá de investigaciones futuras sobre los contratos mencionados y la veracidad de los hechos denunciados.