Consejo de la Magistratura audita juzgados de Santa Cruz por retardación
El Consejo de la Magistratura (CM) inició una intervención integral en distintos juzgados y dependencias judiciales de Santa Cruz en respuesta a reiteradas denuncias por retardación de justicia, mora procesal y deficiencias administrativas. La Sala Plena del CM ordenó estos operativos de control y fiscalización con el objetivo de sanear la administración judicial en el distrito cruceño.
Inspecciones en dependencias judiciales
Los equipos técnicos, encabezados por el abogado Emilio José Arredondo Cacho, realizaron inspecciones en las casas judiciales de Derechos Reales Villa 1 de Mayo, Derechos Reales Plan 3000, y en los complejos judiciales de La Moliendita, El Mechero, EPI 3, Santos Dumont y Los Lotes. En cada dependencia se revisaron los procedimientos, la carga procesal y los tiempos de respuesta a los litigantes.
Auditoría para corregir deficiencias
El consejero Carlos Spencer informó que la Sala Plena del CM determinó auditar el funcionamiento de cada juzgado para corregir deficiencias y garantizar una justicia eficiente y oportuna. Entre las instancias supervisadas figuran juzgados civiles, penales, de familia y comerciales.
Propósito preventivo de la intervención
Según Arredondo, el propósito de la intervención no es sancionar, sino prevenir irregularidades y optimizar la gestión judicial en beneficio de la ciudadanía. No obstante, los informes resultantes podrían derivar en procesos disciplinarios si se detectan responsabilidades funcionales.
Antecedentes de la fiscalización
La decisión de la Sala Plena del Consejo de la Magistratura se tomó tras numerosas quejas por mora procesal, lo que motivó una intervención integral en distintos juzgados y dependencias judiciales de Santa Cruz para abordar las deficiencias administrativas denunciadas.
Ampliación del plan de control
El Consejo de la Magistratura adelantó que las tareas de fiscalización continuarán en las próximas semanas, ampliándose a otras provincias del departamento. Esta acción se enmarca en un plan nacional de fortalecimiento institucional y transparencia en la Justicia.
