Montero afirma que magistrados del TCP carecen de legitimidad
Los cinco magistrados autoprorrogados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) han perdido su legitimidad. El legislador opositor Henry Montero, de Creemos, sostiene que su prórroga es ilegítima y respalda que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) los reemplace mediante juicio ordinario.
Prorroga ilegítima y captura institucional
El problema se centra en la sentencia constitucional 0049-2023, donde el TCP autointerpretó la Constitución para autoconcederse una prórroga de mandato. Montero afirma que el Ejecutivo, especialmente el presidente Arce, busca gobernar con un Tribunal Constitucional sometido. Esta situación ha derivado en la suspensión de facultades legislativas y la definición de la política electoral a conveniencia.
Injerencia del poder Ejecutivo
Montero señala que no existe independencia real entre los órganos del Estado cuando el TCP actúa como brazo político. La prueba de esta captura institucional es que cinco magistrados autoprorrogados dominan la sala plena, incluyendo uno cuyo mandato ha caducado pero preside el órgano.
Postura política y vía de solución
El partido Creemos sostiene que los magistrados fenecieron en su mandato y carecen de autoridad legítima. Frente al pedido de la Fiscalía, respaldan que la denuncia se devuelva para una investigación penal ordinaria. La ALP debe asumir su responsabilidad y definir legalmente la salida de estos magistrados mediante el juicio correspondiente.
Competencias usurpadas a la ALP
Montero denuncia que el TCP se arrogó competencias constitucionalmente correspondientes a la ALP, como la interpelación de ministros y el control electoral. Estas usurpaciones debilitan la Asamblea y erosionan la división de poderes.
Antecedentes de la crisis constitucional
La crisis institucional se desencadenó desde la sentencia 0049-2023, que excedió las competencias del TCP al autointerpretar la Constitución para autoconcederse una prórroga. Esta prórroga desencadenó una cascada de efectos, incluyendo leyes declaradas inconstitucionales y decisiones sobre elecciones judiciales manipuladas.
Implicaciones para el sistema institucional
La situación actual implica que cinco magistrados sin mandato legítimo continúan tomando decisiones. Esto somete al poder constitucional y debilita la Asamblea Legislativa Plurinacional. La resolución de esta crisis definirá el equilibrio de poderes y la independencia de los órganos del Estado en Bolivia.
