Bolivia e Irán negocian explotación de tierras raras y uranio

El gobierno boliviano avanza en negociaciones con Irán para la explotación de tierras raras y uranio en Santa Cruz y Cochabamba, generando alertas ambientales y sociales.
El Deber

Gobierno boliviano negocia con Irán explotación de tierras raras y uranio

El proyecto afectaría 28.500 hectáreas en Santa Cruz y Cochabamba. El viceministro de Minerales confirmó el diálogo para cooperación científica e inversión conjunta. Organizaciones alertan sobre contaminación y riesgos para comunidades indígenas.

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El Gobierno busca explotar tierras raras y uranio en el cerro Manomó (San Ignacio de Velasco), donde se detectaron reservas desde 1965. El viceministro Ismael Rodríguez admitió que Irán participaría en proyectos de inversión, pero sin detallar medidas ambientales. Geoinnova, consultora especializada, advierte que la extracción genera 9.000-12.000 m³ de gases tóxicos por tonelada y contamina acuíferos.

Impacto ambiental y social

La explotación requeriría 75.000 litros de agua acidificada por tonelada y dejaría residuos radiactivos como torio y uranio. Las comunidades aledañas perderían su capacidad agrícola, según estudios. La diputada María René Álvarez (Creemos) exigió al Ministerio de Minería explicar cómo protegerá a las poblaciones indígenas y evitará daños a cuencas hídricas.

Reacción política y antecedentes

Álvarez presentó un proyecto para frenar el convenio con Irán, citando riesgos geopolíticos. Bolivia exploró uranio desde 2009, cuando se vinculó con Irán tras romper relaciones con Israel. En 2023, el Gobierno creó la Gerencia de Minerales Tecnológicos, confirmando interés en Manomó.

Un pasado que se repite

Entre 2007 y 2014, Bolivia e Irán firmaron acuerdos de prospección minera. En 2015, Irán firmó el JCPOA (acuerdo nuclear), pero reportes del OIEA muestran excedentes en sus reservas de uranio. En abril de 2025, EE.UU. advirtió sobre una posible «escalada» tras amenazas iraníes a inspectores de la ONU.

Entre el desarrollo y el riesgo

El proyecto podría impulsar la economía boliviana, pero su viabilidad depende de tecnologías que mitiguen la contaminación y del respeto a las comunidades. La falta de transparencia sobre los términos con Irán genera tensiones políticas y ambientales.