Saucedo denuncia a cinco magistrados del TCP por usurpación
El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Rómer Saucedo, presentó una denuncia penal ante la Fiscalía Departamental de Chuquisaca contra los cinco magistrados ‘autoprorrogados’ del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). El hecho ocurre a dos semanas de la segunda vuelta electoral, prevista para el 19 de octubre.
Acusación Formal y Respuesta Inmediata
La denuncia acusa a los magistrados de usurpación de funciones y resoluciones contrarias a la Constitución. Saucedo solicitó a la Fiscalía activar alertas migratorias contra los cinco denunciados: Gonzalo Miguel Hurtado, René Yván Espada, Karem Lorena Gallardo, Isidora Jiménez Castro y Julia Elizabeth Cornejo.
Posición del Tribunal Constitucional
El presidente del TCP, Gonzalo Hurtado, respondió con un comunicado acusando al TSJ de actuar bajo presiones políticas. Hurtado cuestionó: “¿Qué actores políticos están detrás de este objetivo?” y afirmó que su institución defenderá su rol como garante del balotaje.
Plazo Fiscal y Apoyos Judiciales
El fiscal departamental de Chuquisaca, Mauricio Nava Morales, confirmó la recepción de la denuncia. La Unidad de Análisis tiene 24 horas para decidir si la admite o rechaza. Desde el sistema judicial, el presidente del Consejo de la Magistratura, Manuel Baptista, y el presidente del Tribunal Agroambiental, Richard Méndez, expresaron su respaldo a la acción de Saucedo.
Antecedentes de la Prórroga
Los mandatos de seis años concluyeron el 31 de diciembre de 2023. La Declaración Constitucional 49/2023 extendió unilateralmente los cargos, una medida que Saucedo califica como “inconstitucional y discrecional”, ya que la Constitución no contempla la prórroga de cargos electos.
Repercusión Política y Cierre
La denuncia generó un remezón político en pleno clima electoral. La Alianza Libre advirtió que esto puede poner en riesgo el proceso, mientras que el gobernador Luis Fernando Camacho y el expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé respaldaron la decisión de Saucedo. La Fiscalía debe pronunciarse en 24 horas, definiendo el curso inmediato de este conflicto institucional.
