Juez bloquea despliegue de la Guardia Nacional en Portland
Un juez federal ha paralizado temporalmente el despliegue de la Guardia Nacional en Portland, Oregón. El presidente Trump afirma estar preparado para invocar la Ley de Insurrección «si es necesario», mientras su administración apela la orden. El fallo judicial considera que las protestas recientes fueron pequeñas y sin mayores incidentes.
Enfrentamiento legal entre la Casa Blanca y los tribunales
La administración Trump argumenta que actúa dentro de sus atribuciones y confía en ganar el recurso. Sin embargo, el juez amplió posteriormente la orden para cubrir cualquier despliegue de la Guardia Nacional en Oregón, incluso las unidades de otros estados.
El conflicto se extiende a otros estados
Illinois y la ciudad de Chicago han presentado demandas para bloquear un despliegue planificado allí. Gobernadores de California y Oregón han movilizado a sus unidades de la Guardia Nacional para mantenerlas en sus estados.
Los antecedentes legales del conflicto
La disputa central radica en quién controla el orden público. Un estatuto permite al presidente federalizar las unidades de la Guardia Nacional estatales. La Ley de Insurrección va más allá, permitiendo el uso de tropas en activo o la Guardia Nacional federalizada cuando las autoridades civiles no pueden o no quieren hacer cumplir la ley federal.
Implicaciones para el equilibrio de poderes
El desenlace de este conflicto definirá los límites del poder federal para enviar tropas a ciudades estadounidenses frente a la objeción de gobernadores y alcaldes. Este caso sienta un precedente sobre el papel del ejército en asuntos domésticos y los controles judiciales al poder ejecutivo, cuestiones que resuenan en muchas democracias.
