Opositores denuncian persecución política tras caso Zúñiga

Dos detenidos tras documental gubernamental sobre toma militar del 26J. La oposición critica el operativo, mientras oficialistas defienden la acción judicial.
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Soldados con equipo antimotines junto a un vehículo militar en una calle urbana.
En la imagen aparecen dos soldados equipados con cascos y visores, de pie junto a un vehículo militar color camuflaje en una calle de estilo urbano.

Opositores denuncian persecución política tras aprehensiones por caso Zúñiga

Dos detenidos tras documental gubernamental sobre toma militar del 26J. El abogado Jorge Valda y el general retirado Marco Bracamonte fueron aprehendidos este viernes. La oposición critica el operativo, mientras oficialistas defienden la acción judicial.

«Crisis de justicia y búsqueda de credibilidad»

La diputada opositora Alejandra Camargo (CC) calificó las aprehensiones como «muestra de la crisis de justicia y persecución política». En contraste, el diputado oficialista Héctor Arce afirmó que el Gobierno busca «recuperar prestigio y credibilidad» tras la difusión del documental «¿Qué pasó el 26J?», producido por el Ministerio de Gobierno.

Reacciones cruzadas

El diputado oficialista Andrés Flores evitó pronunciarse, señalando que «el caso está en manos de la justicia». Mientras, el opositor Héctor Arce acusó al presidente Luis Arce de usar «la maquinaria del poder» para perseguir adversarios.

Operativos y contexto

Las detenciones ocurrieron tras la presentación del documental que analiza la toma militar de la plaza Murillo el 26 de junio de 2024. Bracamonte declaró en la Fiscalía, mientras simpatizantes de Valda instalaron vigilias en La Paz y Santa Cruz.

Un país polarizado

El caso Zúñiga sigue dividiendo a Bolivia: para algunos es un intento de golpe, para otros, una maniobra política. Las últimas detenciones reavivan el debate sobre el uso de la justicia y la estabilidad del Gobierno.

Justicia bajo la lupa

Las aprehensiones profundizan la polarización. Mientras la Fiscalía avanza, la oposición cuestiona su imparcialidad y el oficialismo insiste en seguir el proceso. El impacto político dependerá de las pruebas presentadas.