Contraloría de Bolivia reporta 46 declaraciones juradas pero no solicitó arraigos

46 declaraciones juradas de bienes presentadas por exautoridades jerárquicas fueron reportadas por la Contraloría General del Estado (CGE) entre junio y septiembre de 2025. Sin embargo, la institución no solicitó el arraigo migratorio para ninguna de ellas, a pesar de lo establecido por la Ley 1352.

Respuesta a una solicitud de informe

La información surgió como respuesta a un reporte solicitado por el senador opositor Henry Montero. El legislador de Creemos pidió a la contralora Nora Mamani Cabrera que aplique la norma, que obliga a las exautoridades a permanecer en el país por tres meses tras dejar el cargo.

El vacío en el procedimiento

La CGE, en su respuesta del 17 de septiembre, solo mencionó el número de declaraciones presentadas, sin identificar a los exfuncionarios. La institución adjuntó una impresión de correos enviados como ejemplo, pero no procedió a remitir la lista a Migración para la alerta migratoria.

Antecedentes de la Ley de Arraigos

La Ley 1352 fue promulgada en octubre de 2020 por la entonces presidenta del Senado, Eva Copa. Su objetivo inicial fue impedir que las autoridades del gobierno de Jeanine Áñez abandonaran Bolivia tras su salida del poder. La norma sigue vigente al no haber sido abrogada.

Cierre: La exigencia de cumplimiento

La oposición exige el cumplimiento estricto de la ley. La norma obliga a la Contraloría a reportar a las máximas autoridades ejecutivas que cesaron en sus funciones para que se active su arraigo. La falta de esta acción por parte del órgano de control genera cuestionamientos sobre la aplicación del procedimiento.