Analista Joshua Bellot rechaza vínculo con supuesto golpe en Bolivia

Joshua Bellot, analista político, niega su participación en el supuesto autogolpe del 26J en Bolivia, denunciando persecución contra críticos del gobierno.
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Un hombre con gafas y barba, vistiendo una chaqueta oscura y camisa azul, sobre un fondo blanco.
Imagen de un hombre con expresión seria, usando gafas y una chaqueta negra.

Analista Joshua Bellot rechaza vinculación con supuesto «golpe de Estado» en Bolivia

El Gobierno acusa a ocho civiles de participar en un «autogolpe» fallido en junio de 2024. Un documental oficial los relaciona con la toma militar de Plaza Murillo. Bellot denuncia «persecución» a críticos del Ejecutivo.

«Nos están dejando Bolivia destruida»

Joshua Bellot, analista político orureño, calificó como «una patraña» su inclusión en el documental «¿Qué pasó el 26J?», presentado por el Ministerio de Gobierno. «No tengo nada que ver con esta estupidez», declaró, mientras el Ejecutivo insiste en un plan golpista liderado por el excomandante Juan José Zúñiga.

Los nombres bajo la lupa

El audiovisual menciona a ocho civiles: economistas Gonzalo Chávez y Jaime Dunn, el abogado Jorge Valda (ya detenido), y los analistas Paul Coca, Armin Lluta, José Luis Álvarez, César González y Ana María Morales. Según el Gobierno, conformaban un «gabinete civil» para administrar el poder tras el supuesto golpe.

Operación 26J: entre denuncias y detenciones

El documental revive los eventos del 26 de junio de 2024, cuando militares tomaron Plaza Murillo. La administración de Luis Arce lo considera un intento de «detenerlo o asesinarlo». Bellot lamenta que «atacan a personas sin relación con estos hechos» y critica la destrucción de instituciones.

Un país polarizado

El caso Zúñiga divide a Bolivia desde 2024. El Gobierno sostiene la tesis del «autogolpe», mientras la oposición habla de montaje político. Analistas independientes cuestionan el uso de documentales como prueba judicial.

¿Hacia una escalada de tensiones?

La detención de Valda y las acusaciones contra críticos del modelo económico oficial marcan un nuevo capítulo en la crisis. El impacto en libertades civiles y clima político dependerá de las pruebas presentadas en tribunales.