El Supremo de Brasil retira la minería en territorios indígenas tras críticas
El tribunal mantiene otros puntos polémicos sobre compensaciones a colonos. La decisión llega tras presiones nacionales e internacionales. La AGU propuso un decreto que excluye minería pero permite turismo indígena.
«Un retroceso sin precedentes»
El Supremo Federal de Brasil eliminó el 27 de marzo la propuesta de permitir minería en tierras indígenas, tras ser calificada como «un ataque a los derechos ancestrales» por líderes indígenas y la ONU. El borrador original, presentado en febrero por el juez Gilmar Mendes, permitía actividades de «interés público» en estos territorios. El tribunal no respondió a solicitudes de comentarios.
Reacción de los defensores
Luis Ventura, del Consejo Misionero para los Pueblos Indígenas, celebró la retirada pero advirtió que «mantener la cámara de conciliación es un error grave». Exigió que el pleno del Supremo declare inconstitucional la ley del «marco temporal», que limita las demarcaciones a tierras ocupadas antes de 1988.
El laberinto legal del «marco temporal»
La polémica surge de una tesis que anula reclamos de tierras no ocupadas físicamente antes de la Constitución de 1988, ignorando desplazamientos forzados durante la dictadura (1964-85). En 2023, el Supremo rechazó esta tesis, pero el Congreso la convirtió en ley, reavivando el conflicto.
Nueva propuesta de la AGU
La Abogacía General de la Unión (AGU) presentó un decreto que prohíbe arrendamientos pero permite turismo y actividades económicas lideradas por indígenas. Marcos Kaingang, del Ministerio de Pueblos Indígenas, señaló que «regular por ley paralizaría las demarcaciones». El agronegocio, sin embargo, insiste en aplicar el «marco temporal».
Tierras en pausa
El proceso de demarcación está paralizado desde abril de 2024, cuando Mendes creó la cámara de conciliación. La última reunión (2 de abril) no logró consenso. Mientras, indígenas preparan protestas masivas en el «Campamento Tierra Libre» (7-11 de abril) bajo el lema «en defensa de la Constitución».
Un derecho condicionado ya no es derecho
Ventura denuncia que las propuestas subordinan los derechos indígenas a acuerdos económicos con colonos. Kaingang admitió que el decreto de la AGU aún necesita ajustes. El conflicto sigue abierto, con el agronegocio presionando por seguridad jurídica y los indígenas exigiendo territorios libres de condiciones.
