Expresidenta Áñez exige respeto al debido proceso desde prisión
La exmandataria denuncia que su detención fue «abusiva e ilegal». Se pronuncia tras el llamado de atención de organismos internacionales sobre las anulaciones judiciales en Bolivia. Su reclamo se centra en la independencia judicial y el acceso a la verdad para las víctimas.
Un reclamo desde la cárcel
La expresidenta Jeanine Áñez se pronunció desde prisión tras el pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina de ONU Derechos Humanos. Estas instituciones expresaron su preocupación por la anulación de los procesos penales en los casos de las masacres de Sacaba y Senkata. Áñez sostuvo que «no puede haber justicia sin debido proceso» y que la imparcialidad es esencial para que las víctimas accedan a la verdad.
La denuncia de la expresidenta
Áñez aseguró que desde su detención, el 13 de marzo de 2021, se vulneraron sus derechos. Denunció que su encarcelamiento fue «abusivo e ilegal». Cuestionó que los organismos internacionales no deben ignorar la situación de todos los bolivianos y reclamó que el Estado le negó su derecho a un juicio de responsabilidades.
La alerta internacional
El pronunciamiento de la CIDH y de la ONU alertó que las recientes anulaciones judiciales pueden significar un retroceso en el acceso a la justicia para las víctimas de los hechos de 2019. Áñez recordó que el relator de la ONU, Diego García-Sayán, ya había expresado su preocupación por la falta de garantías.
Un contexto de crisis judicial
Los hechos se enmarcan en las masacres de Sacaba y Senkata ocurridas en 2019. Organismos internacionales han mostrado preocupación previa por la falta de garantías y la independencia del sistema judicial boliviano, sugiriendo que las decisiones pueden estar influenciadas por carácter político.
La justicia en la balanza
La situación pone de manifiesto la tensión entre las decisiones judiciales nacionales y el escrutinio internacional sobre los derechos humanos. El acceso a la justicia para las víctimas y las garantías de un debido proceso para los imputados se presentan como los elementos centrales del debate.
