CIDH y ONU alertan sobre retroceso en justicia boliviana
Organismos internacionales consideran que las anulaciones judiciales suponen un retroceso. La CIDH y ONU Derechos Humanos emitieron un comunicado este viernes 12 de septiembre de 2025. Advierten que estas decisiones comprometen las obligaciones del Estado de investigar, sancionar y reparar a las víctimas.
Una advertencia desde la comunidad internacional
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y ONU Derechos Humanos en América del Sur alertaron sobre un eventual retroceso en la justicia en Bolivia. Esto se debe a las decisiones judiciales de anular los procesos contra la expresidenta Jeanine Áñez y los altos jefes militares y policiales por los hechos de octubre de 2019. Consideran que esta situación «puede representar un retroceso en la búsqueda de justicia oportuna y adecuada para las víctimas».
El origen de la controversia
El 25 de agosto de 2025, el Tribunal de Sentencia Cuarto de El Alto declaró su incompetencia para seguir con el juicio ordinario del caso Senkata. Cinco días después, el Tribunal de Sentencia de Sacaba adoptó la misma decisión para el caso del mismo nombre. Esta revisión se realizó en atención a la instructiva que sacó el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que ordenó revisar la legalidad del tiempo de detención preventiva de los acusados.
Repercusión para las víctimas y el Estado
Según el comunicado, esta situación «compromete el cumplimiento de las obligaciones del Estado de investigar, sancionar y reparar a las víctimas y supone una revictimización». Las dos entidades instaron a las instituciones bolivianas a considerar el impacto de los fallos en los compromisos internacionales de derechos humanos y apremiaron al Estado a adoptar medidas necesarias para remediar la situación.
Un contexto de recomendaciones incumplidas
Los hechos de octubre de 2019 en Senkata y Sacaba fueron investigados por organismos internacionales. El comunicado señala que las decisiones judiciales evidencian un serio obstáculo al deber estatal de implementar las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes para Bolivia (GIEI-Bolivia), que han sido acompañadas por la CIDH a través de la Mesa de Seguimiento (MESEG – Bolivia), así como las contenidas en un informe de una misión de ONU Derechos Humanos.
La credibilidad del Estado en juego
La advertencia de la CIDH y la ONU subraya que las decisiones judiciales pueden afectar la credibilidad del Estado en materia de Derechos Humanos. La eficacia de la justicia y el cumplimiento de las obligaciones internacionales del país quedan ahora bajo un mayor escrutinio internacional.
