Diputados aprueban informe sobre irregularidades en suministro de combustibles
La Cámara de Diputados remitirá el caso a la Contraloría tras hallar indicios de delitos en la gestión de Botrading. La aprobación del informe se produjo este viernes, en un contexto de desabastecimiento de diésel en el país.
Un informe que desencadena acciones
La Cámara de Diputados aprobó en la madrugada de este viernes el informe final de la comisión que investigó presuntas irregularidades en el suministro de combustibles por parte de la subsidiaria Botrading a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). El documento recomienda remitir los antecedentes a la Contraloría General del Estado y sugiere la realización de auditorías especiales a YPFB Internacional S.A. y Botrading S.A.
Los hallazgos de la investigación
La comisión legislativa encontró indicios de una serie de posibles delitos. Estos incluyen presuntos sobreprecios en la compra de combustibles, negociados, falsedad ideológica y pagos en exceso o sin contrato, además de supuestos tratos privilegiados en las operaciones de la empresa subsidiaria.
Repercusión para el ciudadano
Esta investigación se desarrolla mientras en el país persisten las interminables filas en surtidores, principalmente, en busca de diésel, una situación que afecta directamente la vida diaria y la actividad económica de la población.
Una investigación en marcha
El Ministerio Público ya investiga el caso Botrading de forma paralela. El pasado 3 de septiembre, el ministro de Hidrocarburos y Energías, Alejandro Gallardo, declaró en la Fiscalía de La Paz en calidad de testigo. El fiscal Omar Mejilla informó que más de seis personas son investigadas, incluyendo a una de nacionalidad paraguaya y al presidente de YPFB, Armin Dorgathen.
El origen de la polémica
Botrading es una empresa subsidiaria de YPFB, constituida en Paraguay, que opera como intermediaria en la importación de combustibles a Bolivia. Su papel central en la cadena de suministro la sitúa en el foco de la investigación por las presuntas irregularidades.
Un camino por delante
El proceso ahora sigue su curso institucional. La Contraloría General del Estado deberá analizar los antecedentes y, en caso de identificar indicios de responsabilidad, remitirlos al Ministerio Público. El desarrollo de estas investigaciones determinará el alcance final de las actuaciones y sus consecuencias.
