Policía boliviana aprehende a esposa del jefe del PCC en San Rafael
La mujer permitió la nacionalización del narcotraficante con documentos falsos. La captura se realizó este jueves en el municipio cruceño. La detenida será trasladada a Santa Cruz para declarar sobre sus vínculos con el capo.
Matrimonio que facilitó la farsa
Ana F. L. F. contrajo matrimonio con Sérgio Luiz de Freitas Filho, líder del Primer Comando Capital (PCC), en Bolivia en 2011. Este enlace permitió al brasileño iniciar en 2014 el trámite de naturalización, utilizando la identidad falsa de Sergio Noronha. El ministro de Gobierno, Roberto Ignacio Ríos, confirmó que la Policía Boliviana la localizó y aprehendió.
La investigación avanza
Ríos explicó que «la Policía Boliviana está llevando a cabo diferentes acciones con la finalidad de dar con el paradero y posterior aprehensión del súbdito brasileño». Se investiga cómo el narcotraficante ingresó de manera ilegal al país y, con documentos adulterados, obtuvo su cédula de identidad y licencia de conducir.
Fallas en el sistema de identificación
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) y el Servicio General de Identificación Personal (SEGIP) validaron los documentos falsos del brasileño. Un certificado de nacimiento presentado al TSE «coincidía con los registrosno tenía observaciones», pese a que en la base de datos del SEGIP no figuraba ningún antecedente de esa persona. Ríos advirtió que en la obtención de esos documentos habrían participado funcionarios públicos.
Una trama con sello institucional
El caso revela que un criminal internacional logró obtener documentación legal boliviana mediante identidad falsa y con la complicidad de su esposa boliviana. Esto fue posible a pesar de los controles existentes en instituciones como el TSE y el SEGIP, lo que sugiere una posible infiltración en instancias públicas.
Implicaciones para la seguridad nacional
La eficacia de las investigaciones policiales y la integridad de los sistemas de identificación nacional están bajo escrutinio. El resultado de esta pesquisa determinará el alcance de las redes criminales dentro de las instituciones y su capacidad para corromper los procedimientos legales.
