Senador denuncia que seis aeropuertos del MAS ponen en riesgo inversión millonaria
Las infraestructuras, valoradas en más de 1.093 millones de bolivianos, fueron construidas en terrenos que no son propiedad del Estado. El legislador Henry Montero alerta de que la falta de saneamiento legal amenaza la inversión pública realizada entre 2014 y 2019.
Una millonaria inversión en terreno inseguro
El senador Henry Montero de Creemos denunció que seis aeropuertos construidos por el gobierno del MAS ponen en riesgo las inversiones millonarias del Estado boliviano. Según su investigación, iniciada en 2022, estas obras se levantaron en predios que aún no son propiedad de Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (NAABOL). Montero sostiene que esta situación «pone en riesgo inclusive las inversiones que suman a más de 1.093 millones de bolivianos».
Aeropuertos afectados y su estado
Las terminales involucradas son: Juan Mendoza (Oruro), Alcantarí y El Bañado (Chuquisaca), Chimoré (Cochabamba), Tito Yupanqui (La Paz) y San Ignacio de Velasco (Santa Cruz). El legislador afirmó que varios de ellos ahora incluso son ‘elefantes blancos’, construidos por cálculo electoral. Además, señaló que no son rentables, carecen de certificación y no cumplen con la reglamentación aeronáutica.
La respuesta de la Contraloría
Montero explicó que, según la respuesta a una PIE, la Contraloría General del Estado emitió en 2023 ‘Relevamientos de Informes Específicos’ que confirmaban que los casos cumplen CONDICIONES DE AUDITABILIDAD para programar una AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO. Sin embargo, criticó que, al ser del mismo partido, la Contraloría no decidió auditar y en su lugar esperó a que el gobierno actuara.
Obras de gestión sin continuidad legal
Los aeropuertos fueron erogados por el Tesoro General de la Nación durante las gestiones 2014 a 2019. Montero acusó a los gobiernos de Evo Morales y Luis Arce: el primero construyó en terreno que no es del Estado y el segundo ni se preocupó por legalizar, sino que hizo algunos trámites, agravando el riesgo sobre la inversión.
El riesgo persiste para el bolsillo ciudadano
La denuncia concluye que la falta de acción para regularizar la propiedad de los terrenos y las condiciones técnicas de las terminales mantiene en riesgo más de 1.000 millones de bolivianos de inversión pública. Esta situación afecta directamente al ciudadano, ya que los recursos erogados pertenecen al Tesoro General de la Nación.
El futuro de la millonaria inversión
La eficacia de cualquier acción correctiva dependerá de la voluntad política de regularizar la propiedad de los terrenos y adecuar las infraestructuras a la normativa. El impacto real de esta denuncia y su resolución se evaluará conforme avancen las posibles auditorías y las acciones del gobierno actual.
