Justicia extingue el ‘Caso Decretazo’ contra el gobernador Camacho
El proceso fue declarado extinguido por superar el plazo máximo de tres años. La audiencia se celebró este jueves en Santa Cruz. El gobernador fue imputado por un decreto de 2022 que delegó funciones de forma cuestionada.
Un proceso que llegó a su fin
Este jueves, la Justicia determinó que el ‘Caso Decretazo’ quede extinguido. La audiencia se realizó esta mañana y, tras instalarse el juicio oral, el proceso fue declarado concluido debido a que se cumplió el plazo máximo de tres años de duración establecido por ley.
Los hechos que originaron el caso
El proceso estaba relacionado con la emisión del decreto 373 en marzo de 2022. En aquella ocasión, el gobernador Camacho viajó a Brasil y dejó el mando en manos del entonces secretario de Gestión Institucional, Miguel Navarro, desplazando al vicegobernador electo, Mario Aguilera. Por esto, Camacho fue imputado por el presunto delito de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes.
Las declaraciones de los involucrados
Tras la resolución, Camacho declaró: «Se terminó la extinción del proceso por duración máxima del tiempo previsto». Su abogado, Martín Camacho, explicó que un proceso en Bolivia no puede permanecer abierto indefinidamente, ya que esto «generaría abuso, vulneraciones respecto al derecho a los procesos y a la presunción de inocencia». Por su parte, el vicegobernador Aguilera, que acudió como testigo, indicó: «Yo he sido citado hoy día como testigo, estamos aquí presentes cumpliendo como reza la norma».
Un gobernador con varios frentes judiciales
Según el abogado de Camacho, el gobernador cruceño aún tiene cinco juicios: tres en etapa de juicio y dos en etapa preliminar. Entre estos están el ‘caso Paro 36 Días’, el ‘caso Carro Bombero’ y el ‘caso Golpe I’. El propio Camacho se refirió a otro proceso extinguido, el ‘Caso Notaría’: «Ya van dos procesos que se van cayendo. […] vamos a seguir confiando en todos los procesos que hay».
Un contexto de procesos prolongados
El caso se enmarca en la normativa boliviana que establece un plazo máximo de tres años para la duración de un proceso penal, tal como explicó la defensa, quien alegó que el retraso no fue atribuible al acusado.
La justicia sigue su curso
La extinción de este caso judicial cierra una de las varias causas pendientes contra la máxima autoridad departamental de Santa Cruz, mientras otras continúan su tramitación dentro de los plazos establecidos por la ley.
